La sostenibilidad de los subsidios sociales en México ha emergido como un debate crucial ante el creciente peso fiscal que representan. En un contexto donde el gasto público alcanza el 26.1 por ciento del PIB en 2026, con subsidios que absorben alrededor del 7.5 por ciento del PIB —equivalente a 2.8 billones de pesos—, surge la interrogante sobre su viabilidad a largo plazo. Este monto histórico incluye transferencias a pensiones, tarifas eléctricas y programas de bienestar, que representan una porción significativa del presupuesto gubernamental. Bélgica ofrece un caso ilustrativo de reformas que buscan mitigar la carga de beneficios perpetuos, invitando a una reflexión crítica sobre el modelo mexicano.
En Bélgica, el gobierno federal implementa desde marzo de 2025 una reforma que limita las prestaciones por desempleo a un máximo de 24 meses, eliminando el subsidio indefinido que existía previamente. Esta medida, aprobada en julio pese a la oposición sindical y un recurso ante el Tribunal Constitucional, responde a la existencia de 175 mil vacantes laborales sin cubrir y busca promover la activación rápida en el empleo. Argumentos a favor destacan la necesidad de aligerar la presión sobre los contribuyentes futuros, evitando que los beneficios se conviertan en ingresos vitalicios que desincentivan la inserción laboral. Críticos, como los sindicatos, advierten que esta restricción podría agravar la vulnerabilidad de grupos como jóvenes y desempleados de larga duración, exacerbando desigualdades sociales en un país con un sistema de protección robusto pero costoso. La transición gradual, aplicada en «olas» para receptores actuales, intenta mitigar impactos inmediatos, pero genera polémica al cuestionar el equilibrio entre responsabilidad fiscal y solidaridad social.
En México, los subsidios constituyen una herramienta central para combatir la pobreza y la desigualdad, con programas como pensiones universales y apoyos eléctricos que benefician a millones. Sus defensores argumentan que estos mecanismos han reducido la brecha social, elevando el gasto en protección a niveles históricos y priorizando a la población no afiliada a la seguridad social, que recibirá el 46.7 por ciento de los recursos en 2026. Sin embargo, opositores señalan su carácter regresivo y universal, que no focaliza en los más necesitados, perpetuando desigualdades —por ejemplo, el gasto per cápita en salud para asegurados es 2.3 veces mayor que para no afiliados— y presionando las finanzas públicas con un déficit presupuestario de 3.6 por ciento del PIB. La dependencia de endeudamiento para cubrir 1.47 billones de pesos en gasto invita a controversias sobre la carga para generaciones futuras, similar a la belga.
Esta comparación subraya la urgencia de un debate en México: ¿deben los subsidios evolucionar hacia modelos condicionados y temporales para fomentar la autosuficiencia, o mantienen su rol como red de seguridad incondicional? Elementos polémicos incluyen el riesgo de exclusión para vulnerables versus la prevención de fraudes y la promoción de empleo. Una reforma podría inspirarse en Bélgica, incorporando evaluaciones periódicas y focalización, pero exige consenso para evitar polarización. Sin cambios, el modelo actual podría comprometer la estabilidad fiscal, exigiendo un análisis profundo de alternativas que equilibren equidad y sostenibilidad.
