La afiliación masiva de sindicatos a Morena ha generado un intenso debate sobre su impacto en la democracia participativa. Simpatizantes del partido argumentan que esta integración, como la de aproximadamente la mitad de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) —alrededor de 1.25 millones de sus 2.5 millones de miembros—, fortalece la participación de sectores populares en la elaboración de políticas públicas. Según esta perspectiva, los sindicatos representan a amplios grupos sociales históricamente marginados, permitiendo que sus voces influyan directamente en decisiones gubernamentales, lo que alinearía con un modelo de gobernanza inclusiva y transformadora. Esta visión se sustenta en la idea de que la movilización sindical democratiza el poder, al incorporar demandas laborales y educativas en la agenda nacional, promoviendo una mayor equidad social.
Sin embargo, críticos cuestionan la veracidad de estos beneficios, argumentando que resulta difícil verificar un fortalecimiento real de la democracia participativa. Muchas políticas impulsadas bajo esta influencia han enfrentado controversias, como reformas educativas o laborales, sin incorporar puntos de vista alternativos, incluso de no simpatizantes. Por ejemplo, la afiliación del SNTE a Morena, anunciada por su líder Alfonso Cepeda Salas —quien también es senador por el partido—, revive prácticas del antiguo régimen priista, donde los sindicatos funcionaban como brazos corporativos para asegurar lealtades y votos. Esto genera polémica al sugerir una cooptación que prioriza el control partidista sobre la autonomía sindical, potencialmente erosionando la pluralidad en el debate público.
A esto se suma la migración de sindicatos tradicionalmente alineados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacia Morena. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), los ferrocarrileros y los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que formaban parte del ecosistema priista, han reorientado sus alianzas. Defensores de Morena ven en esto una evolución natural, donde estos gremios buscan representar mejor los intereses obreros en un contexto de transformación nacional, contribuyendo a una mayor cohesión social y a políticas como el aumento salarial o la reforma laboral. No obstante, opositores destacan el oportunismo: estos sindicatos, acusados en el pasado de corrupción y clientelismo, podrían estar intercambiando apoyo por concesiones gubernamentales, como incrementos presupuestales o posiciones de poder, lo que perpetúa dinámicas de dependencia en lugar de fomentar una participación genuina.
Esta transición sindical plantea interrogantes sobre la responsabilidad en la gestión pública. Mientras algunos analistas celebran la capacidad de Morena para integrar masas organizadas, potenciando su base electoral —con proyecciones de hasta 5 millones de afiliados si se incluyen familias—, otros advierten de un riesgo de hegemonía. La ley prohíbe la intervención gremial en la vida partidista, pero eventos recientes, como la afiliación masiva del SNTE, sugieren un regreso al corporativismo, donde el poder se concentra en lugar de distribuirse. En un escenario de elecciones judiciales y reformas pendientes, esta alianza podría movilizar votantes en masa, pero también intensificar divisiones, al marginar voces disidentes y cuestionar la imparcialidad institucional.
El debate revela tensiones inherentes: ¿refuerza esta integración la democracia al empoderar a los trabajadores, o la debilita al revivir estructuras autoritarias? Las posturas varían según el espectro ideológico, pero coinciden en la necesidad de mayor transparencia para evaluar su impacto real en la sociedad mexicana.
