La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado nuevamente su desacuerdo con la cobertura mediática de eventos sensibles, esta vez centrada en la publicación de fotografías de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico por parte de El Universal. Esta reacción genera debate sobre los límites éticos en el periodismo, la responsabilidad gubernamental en obras públicas heredadas y la consistencia en el manejo de imágenes impactantes por actores políticos. El análisis siguiente examina los hechos, contextos y implicaciones sin inclinación partidista, destacando elementos que podrían avivar controversias en la esfera pública.
El incidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, donde un vagón del Tren Interoceánico descarriló, causando al menos cuatro muertes y múltiples heridos. Esta línea férrea, inaugurada en 2023 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, representa un proyecto emblemático de conectividad entre el Pacífico y el Atlántico, pero ha enfrentado críticas por presuntos fallos en mantenimiento y seguridad. Sheinbaum, en conferencia de prensa del 30 de diciembre, calificó la portada de El Universal como «inhumana» y una «falta de pudor periodístico», argumentando que exponer imágenes de las víctimas viola principios éticos y desatiende el dolor familiar. La mandataria enfatizó el apoyo gubernamental a las familias, incluyendo reparación de daños, y rechazó acusaciones de negligencia, atribuyendo el accidente a factores preliminares como exceso de velocidad o fallos mecánicos, pendientes de investigación oficial.
Esta crítica presidencial resalta una tensión recurrente entre el Ejecutivo y los medios independientes, donde Sheinbaum ha señalado previamente sesgos en reportajes sobre su administración. Sin embargo, la publicación de fotografías de víctimas en portadas es una práctica extendida en el periodismo mexicano e internacional, utilizada para humanizar tragedias y subrayar su gravedad social. En México, no existe una regulación legal que prohíba tales imágenes en contextos noticiosos, aunque códigos éticos de asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa recomiendan sensibilidad y respeto a la privacidad. Ejemplos globales incluyen coberturas de accidentes aéreos en The New York Times o desastres naturales en El País, donde se prioriza el impacto visual para fomentar empatía y rendición de cuentas. Críticos argumentan que esta aproximación puede ser sensacionalista, pero defensores la ven esencial para visibilizar fallos sistémicos.
Un elemento que invita a la polémica es la comparación con casos previos involucrando a Morena, el partido de Sheinbaum. Durante las protestas por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, integrantes y simpatizantes de Morena, entonces en oposición, difundieron ampliamente imágenes de las víctimas y sobrevivientes para denunciar la inacción gubernamental del PRI. Estas acciones, incluidas en reportajes y campañas, buscaban presionar por justicia, pero ahora contrastan con la postura actual de la presidenta, quien evita reconocer errores en proyectos heredados de su antecesor. Analistas sugieren que esta discrepancia podría interpretarse como hipocresía, alimentando debates sobre selectividad en la crítica ética: ¿se aplica el mismo estándar cuando el gobierno es aliado o adversario?
Esta controversia subraya desafíos estructurales. El Tren Interoceánico, con inversión de miles de millones de pesos, simboliza continuidad en políticas de infraestructura, pero incidentes como este exponen vulnerabilidades en ejecución y supervisión. La respuesta de Sheinbaum prioriza la atención a víctimas y esclarecimiento riguroso, pero su ataque a los medios podría erosionar la libertad de prensa, un pilar democrático en México, donde el periodismo enfrenta ya altos riesgos de violencia e impunidad. En un año complicado para la administración, con presiones económicas y de seguridad, esta polémica podría intensificar escrutinio público, cuestionando si la estrategia es defensiva o un llamado genuino a mayor responsabilidad periodística.
En síntesis, el episodio revela fricciones inherentes entre poder ejecutivo y medios, invitando a reflexionar sobre ética informativa, transparencia gubernamental y coherencia política. Sin resolver estas tensiones, el debate podría polarizar aún más el panorama mediático nacional.
