La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme respecto a la reforma electoral propuesta, reiterando su negativa a dialogar directamente con la oposición mientras envía a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a negociar con el Partido del Trabajo (PT) para asegurar su apoyo. Esta estrategia subraya las tensiones internas en la coalición oficialista, donde Morena reconoce que sin los votos del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados electorales clave, la iniciativa no avanzaría en el Congreso. La reforma busca reducir el financiamiento público a partidos políticos en hasta un 50%, eliminar o disminuir legisladores plurinominales y abaratar los procesos electorales, argumentando que México tiene uno de los sistemas más costosos del mundo. Sheinbaum defiende estos cambios como un paso hacia una democracia más austera y representativa, priorizando recursos para programas sociales y manteniendo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde Morena, figuras como Ricardo Monreal y Adán Augusto López han enfatizado la necesidad de consensos internos antes de presentar la iniciativa, prevista tentativamente para febrero. Sin embargo, esta aproximación ha generado críticas por su selectividad: mientras se excluye a la oposición, se prioriza el diálogo con aliados para «escuchar demandas» y garantizar la mayoría calificada requerida para modificaciones constitucionales. Representantes morenistas admiten que la reforma podría pausarse o modificarse si no hay acuerdo, priorizando la unidad de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» de cara a las elecciones de 2027. Esta pragmática revela un cálculo político donde la lealtad partidista prevalece sobre un debate amplio.
El PT y el PVEM, por su parte, han expresado resistencias significativas. Líderes petistas como Reginaldo Sandoval cuestionan la necesidad de la reforma, argumentando que con el control actual de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no urge alterar el sistema electoral, especialmente ante amenazas externas como las políticas de Estados Unidos bajo Donald Trump. El PVEM, representado por voces como Luis Armando Melgar, advierte contra la eliminación de plurinominales y recortes presupuestales, que afectarían su representación y viabilidad financiera. Ambos partidos, dependientes de estos mecanismos para mantener presencia, han condicionado su apoyo, recordando que sus votos son indispensables. Esta postura invita a la polémica al sugerir que intereses partidistas podrían bloquear cambios promovidos como beneficiosos para la ciudadanía, cuestionando la cohesión de la Cuarta Transformación.
La oposición, integrada por PRI, PAN y otros, califica la iniciativa como un intento autoritario de «Ley Maduro», alegando que busca concentrar poder en Morena al debilitar contrapesos democráticos y centralizar el control electoral. Critican la exclusión del diálogo como un retroceso al pluralismo, alertando sobre riesgos a la alternancia y la autonomía del INE. Analistas independientes coinciden en que, si bien la reforma aborda ineficiencias reales como el alto costo electoral, su tramitación selectiva podría erosionar la legitimidad institucional y fomentar divisiones sociales.
En síntesis, esta dinámica expone un equilibrio precario entre ambiciones reformistas y realidades políticas. Si Sheinbaum logra el respaldo aliado, la reforma podría reconfigurar el panorama electoral; de lo contrario, su estancamiento evidenciaría límites al poder presidencial. El debate resalta la tensión entre eficiencia administrativa y responsabilidad democrática, invitando a reflexionar sobre si los cambios priorizan el bien común o consolidan hegemonías partidistas.
