El Servicio de Administración Tributaria revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, y dio de baja a otras 13, según un listado oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación y difundido por la Secretaría de Hacienda. La medida, vigente desde enero de 2026, afecta a entidades de diversos rubros: desde centros de análisis como el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y Mexicanos Primero —especializados en economía, políticas públicas y educación— hasta asociaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer, como Fe y Esperanza Contra el Cáncer o la Asociación Juarense del Hospital del Niño con Cáncer.
El SAT explicó que las organizaciones no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes. La causa principal radica en la ausencia de una acreditación actualizada en materia de investigación científica y tecnológica, derivada de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023 y del reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación publicado en 2024, que generó un vacío normativo en las constancias previas.
Esta decisión ha generado posturas encontradas. Desde la perspectiva oficial, se trata de un acto de responsabilidad fiscal necesario para evitar abusos y garantizar que los beneficios tributarios se otorguen solo a entidades que cumplen estrictamente con la normatividad. El SAT mantiene que las organizaciones pueden seguir operando y recibiendo donativos, aunque sin la deducibilidad fiscal que incentiva a los contribuyentes.
En contraste, voces de la sociedad civil y especialistas destacan el impacto negativo. Representantes de las afectadas aseguran haber presentado solicitudes de renovación desde diciembre de 2025 y rechazan cualquier señal de incumplimiento administrativo. Argumentan que la pérdida del beneficio reduce drásticamente la captación de recursos, lo que perjudica programas educativos, de transparencia y de atención a pacientes oncológicos. Analistas señalan que la inclusión de asociaciones apolíticas, como las contra el cáncer, junto a entidades críticas de políticas públicas, alimenta el debate sobre si la aplicación es estrictamente técnica o selectiva. Algunos activistas lo vinculan a una restricción más amplia al escrutinio ciudadano, mientras expertos advierten que, si no se resuelve en un plazo de 12 meses, las organizaciones deberán destinar su patrimonio a otra donataria autorizada, lo que podría debilitar el tejido social.
El caso plantea un dilema estructural: el equilibrio entre la fiscalización rigurosa y el fomento de la filantropía. Una postura defiende la necesidad de actualizar controles para prevenir evasión; otra alerta sobre el riesgo de limitar el apoyo a causas esenciales que el Estado no cubre plenamente. Organizaciones afectadas esperan respuestas a sus trámites antes del 31 de marzo, y el sector observa si esta revocación masiva representa un ajuste administrativo o un precedente que redefine el papel de la sociedad civil.
En cualquier caso, el episodio obliga a examinar la claridad normativa y la agilidad de los procesos para evitar que la responsabilidad fiscal termine afectando el bienestar colectivo.
