El mecanismo de revocación de mandato para gobernadores, establecido en las constituciones de 16 estados mexicanos, enfrenta en 2026 un examen práctico que revela tensiones entre la ley y su aplicación. De los cinco mandatarios cuya gestión podría someterse a consulta ciudadana este año —en Nuevo León, Oaxaca, Campeche, Sinaloa y Michoacán—, solo uno ha avanzado hacia su realización, mientras los demás registran demoras o rechazos explícitos. Esta disparidad, vinculada a interpretaciones normativas y niveles de aprobación variables, genera interrogantes sobre la efectividad de este instrumento democrático para fomentar la responsabilidad de los funcionarios.
En Oaxaca, el proceso ha progresado de manera concreta. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) emitió la convocatoria para el 25 de enero de 2026, donde los electores decidirán si el gobernador Salomón Jara, de Morena, continúa en el cargo. La consulta requiere al menos el 40% de participación de la lista nominal para ser vinculante, y se basa en la ley local aprobada en 2019. Jara, con una aprobación media según encuestas de Mitofsky (alrededor del 55% en diciembre de 2025), ha expresado disposición a someterse al escrutinio, posicionando el evento como un hito para la participación ciudadana.
En contraste, Nuevo León muestra resistencias. Aunque la ley de revocación entró en vigor en 2022, el Instituto Estatal Electoral (IEEPCNL) declaró improcedente una solicitud ciudadana contra el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, en octubre de 2024, argumentando que no se ajusta al plazo posterior al tercer año de gestión. García, cuya aprobación ronda el 45% en rankings de CRIPESO, ha enfrentado críticas por crisis en movilidad y seguridad, pero el freno legal impide la consulta en 2026, pese a iniciativas opositoras del PAN y PRI para acelerarla.
Campeche presenta un panorama similar de postergación. La reforma aprobada en 2023 establece la revocación, pero su entrada en vigor se programó después del término de la gobernadora Layda Sansores, de Morena, en 2027. Sansores, con una de las aprobaciones más bajas del país (cerca del 35% según Mitofsky, con 57.4% de rechazo en sondeos locales), ha sido sancionada por el Tribunal Electoral por irregularidades, alimentando demandas ciudadanas. Sin embargo, la norma excluye su aplicación inmediata, lo que opositores califican como una traba intencional.
En Sinaloa, la ley de revocación, promulgada en 2024 a iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena, no procede para su caso actual, según resolvió el Instituto Electoral Estatal (IEES) en noviembre de 2024. Rocha, con aprobación por debajo del 40% además de cuestionamientos en inseguridad y protestas, pidió someterse voluntariamente, pero el fallo lo impidió, generando manifestaciones que exigen su renuncia. Esta decisión invita a polémica: ¿es una protección legal o una evasión ante el descontento?
Michoacán registra el mayor conflicto. Sin una ley específica de revocación operativa para 2026, protestas masivas en noviembre de 2025 demandaron la destitución del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, por violencia y fallos en seguridad. Con aprobación en torno al 38%, Bedolla atribuye la inestabilidad a herencias pasadas, pero la ausencia de mecanismo formal deja el debate en el terreno político, con opositores impulsando reformas.
Esta situación generaliza un patrón: en los 16 estados con la figura, su uso es escaso, atribuido a requisitos estrictos como recolección de firmas (3% del padrón) y plazos rígidos. El bajo nivel de aprobación promedio de estos gobernadores —inferior al 50% en cuatro casos— sugiere un temor a la consulta, cuestionando si la revocación fortalece la democracia o se convierte en herramienta selectiva. Analistas destacan que, sin uniformidad federal, persisten desigualdades, invitando a controversia sobre si las trabas preservan estabilidad o eluden responsabilidad. El caso de Oaxaca podría sentar precedente, pero los obstáculos en los demás estados subrayan la necesidad de ajustes normativos para equilibrar poder y escrutinio ciudadano.
