El Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua confirmó, por mayoría de votos, las medidas cautelares impuestas por el Instituto Estatal Electoral contra la senadora Andrea Chávez Treviño, representante de Morena. La resolución, emitida en enero de 2026, obliga a retirar su nombre, imagen y cargo de ambulancias y consultorios médicos en el estado, argumentando que tales acciones constituyen actos anticipados de campaña que generan afectaciones irreparables a la equidad electoral, incluso fuera de periodos formales de contienda. Esta decisión desechó la impugnación presentada por la legisladora, quien sostuvo que la ausencia de un proceso electoral en curso invalidaba las restricciones.
Desde la óptica del tribunal, presidido por magistrados que votaron dos a favor y uno en contra, la entrega reiterada de beneficios sociales y el posicionamiento personal continuo de una aspirante potencial violan principios de imparcialidad, independientemente del calendario electoral. Esta postura enfatiza la responsabilidad de los funcionarios en evitar el uso de recursos públicos para promoción individual, alineándose con normativas federales que buscan prevenir desigualdades en la competencia política. Fuentes judiciales destacan que el caso establece un precedente para fiscalizar conductas similares, potencialmente extendiéndose a otros estados.
La senadora Chávez, por su parte, ha calificado la medida como infundada, argumentando que sus acciones responden a labores legislativas y de gestión social, no a intenciones electorales prematuras. Simpatizantes de Morena y analistas afines interpretan la resolución como un acto de hostilidad política, sugiriendo que el tribunal, influido por opositores, busca limitar la visibilidad de figuras progresistas en regiones clave como Chihuahua. Esta visión genera polémica al cuestionar si las cautelares representan una forma de censura disfrazada, restringiendo la libertad de expresión de servidores públicos en su interacción con la ciudadanía.
Opositores, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN), celebran el fallo como una victoria para la transparencia electoral. La dirigente estatal Daniela Álvarez Hernández afirmó que la decisión «da la razón» a sus denuncias y urge a que marque precedente contra el abuso de poder. Críticos conservadores, en redes y medios, amplifican el debate al tildar las acciones de Chávez como «campaña descarada», vinculándolas a patrones de clientelismo en Morena, lo que invita a controversia sobre si tales prácticas erosionan la democracia o responden a necesidades sociales reales en contextos de desigualdad.
Analíticamente, el caso resalta tensiones en el marco electoral mexicano: por un lado, fortalece mecanismos de control para garantizar equidad; por otro, plantea dilemas sobre los límites entre gestión pública y promoción política. Expertos en derecho electoral advierten que resoluciones como esta podrían disuadir iniciativas sociales si se perciben como riesgos legales, polarizando opiniones entre quienes defienden la rigidez normativa y aquellos que ven en ellas un freno a la participación activa de legisladores. En un panorama preelectoral hacia 2027, este episodio podría influir en estrategias partidistas, cuestionando la efectividad de las instituciones para mantener neutralidad sin sesgos ideológicos. La polémica radica en si priorizar la prevención de abusos justifica intervenciones en actividades no explícitamente campaignarias, o si ello fomenta un clima de judicialización excesiva de la política.
