El combate a la corrupción en México enfrenta un nuevo desafío. Durante el año 2025, las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos alcanzaron la cifra de 19,463 casos, lo que representa un incremento anual del 4% en comparación con el 2024. Este dato confirma un repunte en la incidencia delictiva oficial tras dos años consecutivos de descensos, marcando un punto de inflexión en la seguridad y administración pública del país.
La situación se tornó especialmente crítica al cierre del año. Solo en diciembre de 2025, se registraron 1,471 denuncias, un aumento del 12% respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra mensual es la más alta reportada para un mes de diciembre desde 2019, lo que evidencia una tendencia al alza que ha comenzado a concentrarse de manera alarmante en ciertas regiones del territorio nacional.
En términos geográficos, la impunidad y las malas prácticas parecen centralizarse. La Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León concentran por sí solos el 51% de todos los casos denunciados durante el actual sexenio de Claudia Sheinbaum. Esta fuerte centralización geográfica pone bajo la lupa a las administraciones locales de estas entidades, que encabezan la lista nacional en números absolutos de expedientes abiertos contra funcionarios.
Sin embargo, al analizar las cifras de manera proporcional, el panorama cambia ligeramente. Al ajustar el número de denuncias por cada millón de habitantes, la Ciudad de México mantiene el liderato, pero se suman Baja California Sur y Quintana Roo como los estados con mayor incidencia relativa. Estas entidades superan con creces el promedio nacional, lo que sugiere una mayor propensión a la denuncia o una problemática más acentuada en la relación entre ciudadanos y servidores públicos en dichas zonas.
Los datos, obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que, aunque entre 2022 y 2024 se observó una estabilidad en las cifras, el inicio del actual periodo gubernamental ha estado marcado por este repunte reciente. Expertos en transparencia señalan que el incremento podría interpretarse de dos formas: un aumento real en los actos de corrupción o una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar ante las autoridades competentes.
Con casi 20,000 denuncias acumuladas en lo que va del sexenio, la agenda política nacional se ve forzada a priorizar el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la vigilancia ciudadana. El reto para el 2026 será revertir esta tendencia y asegurar que las denuncias se traduzcan en sanciones efectivas que frenen el abuso de poder en los tres niveles de gobierno.
