La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para su implementación en 2026 representa un ajuste significativo en el sistema político mexicano, con énfasis en la eliminación de legisladores plurinominales, la reducción de prerrogativas a partidos y el refuerzo a la prohibición de candidaturas para familiares directos. Esta iniciativa, delineada en conferencias presidenciales y documentos oficiales, busca optimizar recursos públicos y promover equidad en la representación, pero genera interrogantes sobre su impacto en la estabilidad de coaliciones existentes, particularmente la integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El eje central de la reforma radica en la supresión de las listas plurinominales, mecanismo que asigna escaños proporcionales a los votos obtenidos por partido, independientemente de victorias distritales. Analistas del Instituto Nacional Electoral (INE) estiman que esta medida podría reducir hasta un 40 por ciento el número de curules en el Congreso, afectando principalmente a formaciones menores que dependen de esta vía para mantener presencia legislativa. El PT y el PVEM, aliados clave de Morena desde 2018, han logrado sobrevivir electoralmente gracias a coaliciones que les otorgan plurinominales; en las elecciones de 2024, obtuvieron conjuntamente el 54 por ciento de los votos, pero individualmente enfrentan riesgos de no alcanzar el umbral del 3 por ciento requerido para conservar registro. La reducción de prerrogativas, que implica recortes en financiamiento público para campañas, agravaría esta vulnerabilidad, al limitar recursos para movilización y propaganda, según reportes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
El refuerzo a la prohibición de candidaturas familiares evoca el antecedente de la reforma antinepotismo, aprobada en febrero de 2025 pero pospuesta hasta 2030 tras negociaciones con el PVEM, que amenazó con romper la alianza si entraba en vigor inmediato. Esta concesión, pese a la oposición inicial de Sheinbaum, ilustra tensiones internas: el PVEM, con historial de dinastías políticas, y el PT, con estructuras familiares en liderazgo, podrían resistir un endurecimiento, argumentando que viola principios de libertad electoral. Fuentes legislativas indican que comisiones del Senado permiten ajustes negociados para garantizar apoyo de estos partidos, pero persisten divisiones en Morena sobre concesiones que diluyan la reforma.
Este escenario invita a polémicas sobre el control político. Por un lado, proponentes oficialistas destacan que la reforma centralizaría funciones en el INE, eliminando Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para ahorrar costos y combatir corrupción, fortaleciendo la democracia inclusiva. Críticos de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), alertan sobre centralismo que debilita federalismo y favorece al oficialismo, potencialmente marginando a minorías. Además, el posible reacomodo en la alianza Morena-PT-PVEM genera debates: ¿absorberá Morena a sus aliados mediante fusiones, o enfrentará rupturas que fragmenten el bloque mayoritario? Reportes periodísticos sugieren planes de unidad para 2027, pero meses de tensiones podrían precipitar deserciones o demandas judiciales contra la reforma.
En resumen, la iniciativa de 2026 no solo altera reglas electorales, sino que toca fibras de poder, financiamiento y lealtades partidistas. Su aprobación dependerá de equilibrios en el Congreso, donde Morena ostenta mayoría cualificada gracias a PT y PVEM, pero a costo de concesiones que podrían perpetuar dinámicas criticadas. Monitorear negociaciones internas y reacciones opositoras será esencial para prever si fortalece la gobernabilidad o acelera polarizaciones.
