El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado una recaudación fiscal récord, superando cifras previas y destacando la fortaleza económica nacional. Este logro se atribuye a reformas fiscales implementadas durante la administración anterior, como la ampliación de la base tributaria y el combate a la evasión. Según datos oficiales, los ingresos por impuestos alcanzaron niveles históricos en 2025, lo que el Ejecutivo presenta como evidencia de una gestión eficiente y responsable. Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad cotidiana de millones de mexicanos, quienes enfrentan servicios públicos de baja calidad, generando un debate intenso sobre la distribución del gasto público.
Por un lado, defensores del gobierno argumentan que la recaudación récord permite sostener programas sociales y reducir la dependencia de ingresos petroleros volátiles. Sheinbaum ha enfatizado que estos recursos fortalecen la soberanía económica, permitiendo inversiones en infraestructura y bienestar. Por ejemplo, se menciona el apoyo continuo a Pemex, justificado como necesario para mantener la producción energética y evitar crisis mayores. Además, se presume que la deuda contratada es manejable, con tasas de interés controladas gracias a la calificación crediticia estable de México. Esta postura resalta que, sin estos ingresos, el país enfrentaría mayores desafíos fiscales, y que las deficiencias en servicios son herencia de administraciones pasadas.
En contraste, críticos y especialistas independientes señalan que México no es un país pobre, sino uno que administra mal sus recursos. Organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y analistas económicos destacan que, pese a la recaudación elevada, el gasto público se desvía hacia subsidios ineficientes y deudas crecientes. Los hospitales públicos ilustran esta problemática: denuncias del personal médico revelan escasez de medicamentos, equipo obsoleto y saturación crónica, lo que compromete la atención sanitaria. Similarmente, los sistemas de transporte, como el Metro de la Ciudad de México, sufren fallas recurrentes, hacinamiento y mantenimiento insuficiente, afectando la movilidad urbana. La inseguridad persiste como un flagelo, con tasas de homicidios elevadas pese a inversiones en fuerzas armadas, cuestionando la efectividad de estrategias como la Guardia Nacional.
La deuda pública, que sigue aumentando a pesar de la presunta solidez económica, genera polémica adicional. Opositores argumentan que estos préstamos hipotecan el futuro, financiando proyectos emblemáticos pero con rendimientos dudosos, como los rescates a Pemex, que acumula pérdidas millonarias. Esta situación invita a cuestionar la responsabilidad fiscal: ¿por qué, con ingresos récord, no se priorizan mejoras en servicios esenciales? Especialistas proponen reformas para transparentar el gasto, como auditorías independientes y reasignación presupuestal hacia salud y educación, argumentando que el mal gasto perpetúa desigualdades.
En resumen, la recaudación récord representa un avance fiscal, pero su impacto se diluye ante deficiencias estructurales. Las posturas divididas reflejan tensiones entre continuidad gubernamental y demandas ciudadanas por eficiencia. Un análisis imparcial sugiere que, sin cambios en la asignación de recursos, el debate persistirá, polarizando opiniones sobre el verdadero progreso nacional.
