México cerró el 2025 con un panorama complejo en materia de seguridad para las mujeres. Según el más reciente reporte de la firma TResearch, durante el año pasado se registraron 6,539 denuncias por violencia de género en todo el país, lo que representa una ligera disminución del 1% en comparación con las cifras de 2024. A pesar de esta mínima baja, el fenómeno mantiene niveles críticos de incidencia estructural.
El último mes del año no dio tregua, reportando 494 denuncias, una cifra que refleja la estabilidad de un delito que ha crecido de manera alarmante en la última década. Mientras que en 2015 el país registraba 1,645 casos anuales, hoy la cifra se ha cuadruplicado, superando la barrera de los 6,500 registros recientes.
La geografía del delito muestra una concentración preocupante. El 94% de los casos denunciados durante el actual sexenio se focalizan en solo tres entidades: el Estado de México, Veracruz y Querétaro. Esta disparidad regional pone bajo la lupa las políticas locales de prevención y atención a víctimas.
Al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, las estadísticas revelan contrastes profundos. Querétaro encabeza la lista con la tasa más alta del país, registrando 552 casos por cada millón de personas. Le siguen el estado de Veracruz con 277 y el Estado de México con 152 denuncias bajo esta misma métrica. Estas cifras subrayan que, más allá del volumen total de población, la frecuencia del delito es desproporcionadamente alta en regiones específicas del centro y oriente del país.
La tendencia histórica compartida por las autoridades muestra que, aunque el cierre de 2025 fue similar al del ciclo anterior, el problema sigue siendo una de las deudas más grandes de la agenda de seguridad nacional. La acumulación de registros en estados clave sugiere la necesidad de intervenciones federales más contundentes en zonas donde la violencia parece haberse normalizado en las estadísticas oficiales.
Para el público interesado en la política mexicana, estos datos no solo son números, sino un indicador del desempeño de las fiscalías estatales y la efectividad de las alertas de género. Con más de 6,500 familias afectadas en un solo año, la violencia de género se consolida como un eje central de debate para el periodo 2024-2030, exigiendo respuestas que vayan más allá de la estabilidad en las cifras y busquen una reducción real y sostenida de la impunidad.
