Estados Unidos recibe inmigración altamente calificada de todo el mundo, pero no a todos se les habilita para ejercer sus profesiones. En 2022, más de 14 millones de profesionales integraron el componente central del mercado laboral – académico estadounidense. Estas cifras se han intensificado en las últimas décadas, según el Instituto de Políticas Migratorias, el número creció al 89 % entre 1990 y 2000, El 55 % entre 2000 y 2010 y el 56 % entre 2010 y 2022. Su peso dentro del total de adultos pasó del 10 % al 17 % en poco más de 30 años, con un envejecimiento de la población nativa y una demanda sostenida de profesionales en sectores estratégicos como salud, tecnología, educación e investigación.
El aumento del capital humano inmigrante no se traduce automáticamente en integración laboral. Según el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., “los datos muestran que la formación académica no es el principal obstáculo; sino el sistema que no logra reconocerla de manera coherente y accesible”. Y así millones de profesionales aceptan empleos alejados de su especialidad, aunque su preparación sea similar a la de ciudadanos estadounidenses.
Estados como California, Nueva Jersey, Nueva York y Florida concentran las mayores proporciones de inmigrantes con educación universitaria, superando el 25 % del total de adultos graduados. En contraste, estados del Medio Oeste y del Sur registran porcentajes inferiores al 5 %, reflejando modelos económicos y patrones migratorios distintos, más orientados a sectores con menores requisitos formales de educación.
La mayoría llega mediante visas especializadas como la H-1B, programas académicos o reunificación familiar. India, China, Filipinas y México lideran los países de origen.
Ocupaciones en ingeniería informática, investigación científica y medicina muestran una alta presencia de inmigrantes. Sin embargo, solo una fracción logra ejercer plenamente en esos campos.
La dificultad está en el sistema de homologación, que a falta de una agencia federal única para el reconocimiento de títulos extranjeros, traslada la responsabilidad a universidades, empleadores y agencias estatales de licenciamiento. “La descentralización genera procesos costosos, lentos e inviables, especialmente en profesiones reguladas”, explicó el abogado Quiroga. En áreas como salud y educación, los requisitos estatales exigen la repetición de cursos o estudios o exámenes que prolongan la certificación por años.
En 2022, alrededor de 2,1 millones de inmigrantes trabajaban en oficios que requerían como máximo, un diploma de secundaria. El 20.4 % de los inmigrantes contaba con una licencia profesional; porción que aumentó al 29 % entre quienes tenían posgrados. Los estudios advierten sobre un subempleo persistente que no aparece reflejado en las estadísticas tradicionales.
“Estados Unidos no enfrenta una escasez de talento, sino una dificultad para reconocerlo y aprovecharlo”, señaló el abogado de inmigración Héctor Quiroga. Sin una coordinación federal clara, con programas de recertificación efectivos y criterios más homogéneos entre estados, millones de profesionales seguirán en empleos para los que están sobrecalificados, y aun así, sosteniendo la economía, pero sin acceder plenamente a las oportunidades que su formación les permitiría.
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