El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) vive un nuevo capítulo de inestabilidad institucional. El 26 de enero de 2026, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a cargo de Rosaura Ruiz, destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director general y designó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora interina. La decisión, comunicada mediante oficio oficial, busca resolver una crisis que se prolongó por más de cuatro años y que dividió profundamente a la comunidad académica.
Romero Tellaeche asumió la dirección en agosto de 2021, designado por María Elena Álvarez-Buylla, entonces titular del Conacyt, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su llegada generó protestas inmediatas: estudiantes y profesores denunciaron irregularidades en el proceso de selección, falta de auscultación interna y violación al estatuto del centro. Acusaron al nuevo director de excluir a académicos críticos, destituir a figuras clave por “pérdida de confianza” o “rebeldía” y orientar la institución hacia los objetivos de la Cuarta Transformación (4T), en detrimento de su autonomía y pluralidad. Se registraron tomas de instalaciones, paros, demandas judiciales y denuncias por acoso laboral, violencia verbal y malos manejos administrativos.
La gestión de Romero estuvo marcada por la tensión constante. Investigadores reportaron recortes presupuestales, suspensión de programas académicos y un clima de confrontación que derivó en renuncias masivas y litigios. Críticos lo señalaron como responsable de fracturar el prestigio del CIDE, uno de los centros de investigación más reconocidos en América Latina. Defensores, en menor medida, argumentaron que su administración buscaba corregir supuestos sesgos ideológicos previos y alinear la institución con prioridades nacionales.
La destitución actual ha provocado reacciones encontradas. Amplios sectores de la comunidad académica celebraron la medida como el fin de una “pesadilla”: profesores y exalumnos expresaron alivio en redes sociales, destacando el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas —investigadora reconocida en la División de Estudios Jurídicos— como un paso hacia la recuperación institucional. El Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE) reconoció públicamente a la nueva directora interina, lo que refuerza su legitimidad entre parte del personal.
Sin embargo, Romero Tellaeche rechazó la destitución y afirmó que no abandonará el cargo sin causas legales justificadas. Su postura abre interrogantes sobre la validez del procedimiento y posibles recursos legales. Algunos observadores cuestionan si el relevo representa una verdadera defensa de la autonomía o una nueva intervención gubernamental, similar a la que criticaron en 2021. La decisión de Secihti, en el contexto de la continuidad de políticas de la 4T bajo la administración actual, genera debate sobre la responsabilidad de las autoridades en preservar la independencia de los centros públicos de investigación.
Este episodio expone la fragilidad de la gobernanza académica en México cuando los nombramientos se politizan. El futuro del CIDE dependerá de si el interinato logra restablecer el diálogo interno, fortalecer los mecanismos de transparencia y evitar que la institución siga siendo escenario de disputas ideológicas. La resolución de esta crisis será un indicador clave de la capacidad del Estado para equilibrar control y libertad en el ámbito científico.
