El gasto público en México revela una asignación desequilibrada entre pensiones y educación, a pesar de que el país no enfrenta aún la presión demográfica de naciones con poblaciones más envejecidas. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2025 el desembolso en pensiones contributivas y no contributivas supera el destinado a la enseñanza pública, generando interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y las prioridades de desarrollo a largo plazo.
De enero a septiembre de 2025, el gasto en pensiones alcanzó aproximadamente 1.59 billones de pesos, representando alrededor del 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado en 35.92 billones de pesos, conforme a proyecciones de la SHCP. Este monto incluye pensiones del IMSS, ISSSTE y programas como la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, que han crecido un 7.5% anual en términos reales. En contraste, el presupuesto para educación pública se sitúa en cerca de 979 mil millones de pesos, equivalente al 4.2% del PIB según análisis del IMCO y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aunque algunas estimaciones lo reducen al 3.2%. Esta brecha marca un hito: por primera vez en décadas, las pensiones absorben más recursos que la educación, un rubro clave para el capital humano.
Esta tendencia se acentúa en un contexto demográfico favorable. México mantiene una pirámide poblacional con un bono demográfico, donde la población en edad laboral (15-64 años) representa el 68% del total, según el INEGI. A diferencia de Japón o Italia, donde el envejecimiento obliga a destinar hasta el 14% del PIB a pensiones, México gasta ya más en este sector que en formación educativa, sin haber alcanzado picos de longevidad. Analistas destacan que esta asignación refleja decisiones políticas recientes, como la expansión de programas sociales universales, pero advierte de riesgos futuros: con una tasa de fecundidad en declive (1.9 hijos por mujer) y expectativa de vida en 75 años, el país podría enfrentar una carga similar en dos décadas, exacerbando déficits fiscales.
El desbalance invita a polémica sobre equidad intergeneracional. Críticos argumentan que priorizar pensiones erosiona inversiones en educación, perpetuando desigualdades: solo el 23% de jóvenes accede a universidad, y la calidad educativa estancada limita movilidad social. Defensores, en cambio, enfatizan la reducción de pobreza entre adultos mayores, del 28% al 18% en cinco años. Comparativamente, en la OCDE, el promedio para educación es 5% del PIB, mientras México invierte menos, afectando competitividad global. El gasto en pensiones, que concentra el 17% del presupuesto neto, deja escaso margen para otros rubros, como salud (reducida 10.8% en 2025) o infraestructura.
Políticamente, esta dinámica presiona al gobierno federal para reformas. Propuestas incluyen fondos soberanos para pensiones o incentivos a la natalidad, pero generan controversia: ¿deben recortarse beneficios actuales para invertir en futuro? El debate se intensifica con el Paquete Económico 2026, donde la deuda pública (49.5% del PIB) limita maniobras. Expertos urgen transparencia en asignaciones para evitar crisis, equilibrando protección social con crecimiento inclusivo.
En resumen, esta disparidad presupuestal, aunque justificada por metas de bienestar inmediato, plantea dilemas éticos y económicos que demandan diálogo multisectorial para una planificación responsable.
