El deterioro en la producción y los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el primer trimestre de 2025 generó un efecto dominó que impactó directamente uno de los sectores más sensibles del gobierno federal: la salud. De acuerdo con el informe Erario al momento presentado por México Evalúa con base en las Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el desplome de los ingresos petroleros provocó una caída sin precedentes en el financiamiento destinado al sector salud, alcanzando su nivel más bajo desde 2010.
Durante los primeros tres meses del año, los ingresos petroleros sumaron apenas 227.5 mil millones de pesos (mmdp), lo que representó un retraso de 30.6% respecto a lo estimado, es decir, una brecha negativa de 100.3 mmdp. Este colapso se debió principalmente a la baja producción de Pemex, cuyos resultados operativos han venido decayendo de forma sostenida en los últimos años. Aunque otros rubros como los ingresos tributarios mostraron un crecimiento del 2.5%, este esfuerzo fue contrarrestado por la dramática caída en los recursos provenientes del sector energético.
Como resultado, los ingresos totales del Gobierno federal se ubicaron 2.9% o 63.2 mmdp por debajo del programa previsto, lo cual equivaldría aproximadamente al cuádruple del presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud (SSA) a marzo de 2025, que ascendió a 14.2 mmdp. Esta insuficiencia de recursos obligó al gobierno federal a profundizar los recortes presupuestales ya aprobados con anterioridad, afectando sectores estratégicos como salud y transporte.
Menos dinero para salud
El golpe más sensible se sintió en el sector salud, donde el gasto público total destinado a este rubro alcanzó únicamente 151.7 mmdp en el primer trimestre del año, lo que representa una reducción del 23% (45.4 mmdp) respecto a lo aprobado originalmente. Este nivel de inversión es el más bajo registrado en un primer trimestre desde el año 2010, según datos históricos compilados por México Evalúa.
Los ajustes se concentraron especialmente en dos instituciones clave: la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ambas dependencias enfrentan importantes retos operativos derivados de la falta de recursos, incluyendo la escasez crónica de medicamentos, la limitación en la atención médica preventiva y curativa, y el deterioro de infraestructura hospitalaria.
Este recorte tiene implicaciones directas en la calidad de vida de millones de mexicanos que dependen del sistema público de salud. La SSA reportó dificultades para mantener inventarios suficientes de medicamentos esenciales, mientras que el ISSSTE ha tenido que postergar inversiones en equipamiento médico y modernización de clínicas.
Transporte también recibe el impacto
El sector transporte no escapó de esta dinámica y experimentó uno de los recortes más severos frente al calendario aprobado. Su gasto registró una caída del 57.9% (27 mmdp), alcanzando apenas 19.6 mmdp, el nivel más bajo desde 2020. Esto pone en riesgo el desarrollo de proyectos prioritarios como los sistemas ferroviarios, trenes de pasajeros y obras de conectividad vial que forman parte del plan nacional de infraestructura.
Un déficit histórico compensado por austeridad
Por otro lado, el informe destaca que gracias a las medidas de austeridad implementadas, el déficit público se redujo en 70.4% (330 mmdp) en términos reales comparado con el primer trimestre de 2024, periodo en el cual se registró el mayor déficit en los últimos 35 años. No obstante, esta consolidación fiscal se logró a costa de recortar áreas esenciales del gasto social.
Perspectivas inciertas
La situación reflejada en el documento sugiere que, sin una recuperación significativa en los ingresos petroleros y una reforma estructural profunda en Pemex, el panorama seguirá siendo complicado para el financiamiento de servicios públicos esenciales. El deterioro continuado de la empresa productiva del Estado está condicionando gravemente la capacidad del gobierno federal para cumplir con sus prioridades sociales y de desarrollo.
En resumen, el mal estado de Pemex no solo afecta las finanzas públicas, sino que se traduce directamente en una disminución del bienestar colectivo. La salud de miles de ciudadanos ahora paga las consecuencias de una empresa estatal que sigue perdiendo eficiencia, competitividad y rentabilidad.
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