Para Acción Nacional es sumamente preocupante, la reforma a la Ley de Amparo, recientemente aprobada por Morena en el Senado, ya que traerá consecuencias significativas en la protección de derechos humanos y en el acceso a la justicia en este país y desde luego, en la Ciudad de México.
Aníbal Cañez Morales, abogado y representante del PAN CDMX ante el IECM, explicó que ahora, la ciudadanía no podrá defenderse contra los actos de represión por parte de la autoridad; “con esta reforma se está limitando la protección que tenemos las y los ciudadanos”.
Agregó que, Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum buscan proteger al Estado y no a la ciudadanía. “Este impacto pega en la confianza del sistema de justicia en nuestro país que, a la larga, generará una merma en la percepción de justicia que tenemos”.
La realidad es que esta reforma, destruye todo el sistema que se había diseñado para la protección de los ciudadanos frente a las actuaciones del poder y más en una era de represión con fiscalías carnales y un Gobierno con espíritu de rencor.
Algo muy importante y sumamente preocupante, manifestó el panista Cañez, son las repercusiones al poder legítimo porque esto va a limitar la capacidad de la organización civil de la sociedad para que puedan promover amparos contra de daños que puedan afectar una colectividad. “Como es el medio ambiente, educación, sin ninguna duda, es paso hacia adelante en la construcción de un régimen autoritario”.
Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN y secretario del Comité de Asuntos Internacionales, abundó que otra de las consecuencias de esta reforma, será la imagen adversa de nuestro país ante el mundo.
“Ahora con un Poder Judicial vestido de guinda y un aparato que imparte justicia en manos de Morena, habrá una repercusión totalmente negra para México. Nosotros en el PAN vemos una limitación a los derechos humanos, vamos en sentido contrario en la evolución mundial en materia de justicia”.
“Cada vez en México las y los ciudadanos, tendrán más difícil el acceso, las personas la tendrán más difícil para protegerse de la autoridad. Con las limitaciones en la suspensión del acto reclamado, por ejemplo, la realidad de las cosas es que se va a crear un régimen de privilegios a la autoridad.”
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