El escándalo destapado en redes sociales y medios independientes ha puesto en el ojo del huracán al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y su proyecto mediático Canal Red. Según denuncias virales en X, el gobierno federal mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, estaría canalizando recursos públicos para financiar la expansión de este medio en América Latina, incluyendo México. La revelación, atribuida inicialmente a Arturo Herrera —RealArturoH—, ha encendido alarmas sobre el uso de fondos estatales para promover narrativas ideológicas afines al bloque de izquierda regional, como el Grupo de Puebla.
Canal Red, lanzado en 2023 como una «televisión alternativa de izquierdas», se financia principalmente mediante crowdfunding, con más de 400.000 euros recaudados en sus primeras rondas, y alianzas con figuras como Jaume Roures de Mediapro. Sin embargo, su incursión en México, anunciada en enero de 2025, ha levantado sospechas. Iglesias solicitó 150.000 euros vía Goteo para abrir una redacción en la capital mexicana, alegando la necesidad de «enfrentar a la internacional mediática reaccionaria». Aunque el objetivo se cumplió con donaciones privadas, reportes de El Español y The Objective sugieren opacidad en las cuentas de Agitprop Comunicación, la sociedad de Iglesias, que podría enfrentar multas por no depositar balances anuales. Críticos en X, como @DerechaDiarioMX, acusan al gobierno de Sheinbaum de subsidiar indirectamente el proyecto a través de colaboraciones con Telesur —la cadena chavista financiada con 3 millones de pesos mexicanos en contratos para «promocionar programas sociales»—, lo que extendería el alcance de Canal Red en la región.
Este contexto cobra mayor gravedad ante las recientes declaraciones de Iglesias sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. El 10 de octubre, en un tuit que acumuló miles de interacciones, Iglesias comparó a Machado con Adolf Hitler, Donald Trump y hasta sugirió que el premio podría ir a «Putin y Zelenski» el próximo año. «Para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo», escribió, tildándola de «fascista» y «golpista». La reacción de Podemos, con Ione Belarra y Pablo Echenique respaldando estas palabras, ha sido calificada de «desprestigio» al Nobel por defensores de la democracia venezolana, exacerbando divisiones en la izquierda iberoamericana.
A esta controversia se suma el historial de financiamiento de Iglesias con Irán. Entre 2012 y 2016, como presentador de Fort Apache en Hispan TV —canal estatal iraní—, facturó más de 97.000 euros netos a 360 Global Media, una productora con vínculos teocráticos que recibió 9,3 millones de euros de Teherán vía paraísos fiscales, según informes de la UDEF y Sepblac. Iglesias justificó esta colaboración en 2013 ante Juventudes Comunistas: «A los iraníes les interesa un discurso de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios; la geopolítica es así». Aunque desmintió montos mayores, facturas de 2016 revelan pagos mensuales de hasta 2.800 euros mientras era diputado de Podemos.
Desde una perspectiva política, este entramado expone las fisuras en la «izquierda progresista» latinoamericana. México, con su política exterior de «no intervención» heredada de AMLO, parece priorizar alianzas ideológicas sobre transparencia fiscal, financiando medios como Telesur —acusada de propaganda madurista— en detrimento de salud y seguridad interna. En X, hashtags como #PabloIglesias y #CanalRed reflejan indignación: usuarios como @bereaguilarv llaman a esto «corrupción y traición», mientras @Ruben_Cortes ironiza sobre el «Noroña de España» disfrutando lujos. La comparación de Machado con Hitler no solo aliena a moderados, sino que refuerza la percepción de Iglesias como propagandista, no periodista neutral.
Las implicaciones son globales: en un hemisferio polarizado, subsidiar voces como la de Canal Red socava la soberanía informativa y fomenta narrativas antioccidentales. Sheinbaum debe aclarar estos flujos para evitar acusaciones de clientelismo; de lo contrario, el «eje bolivariano» podría fracturarse ante presiones de EE.UU. y la UE. En última instancia, este caso ilustra cómo el poder mediático se entreteje con el estatal, cuestionando si la «alternativa» de Iglesias es libertad o control disfrazado.
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