¡Órale, amigos! En las redes sociales anda circulando un chisme bien gordo sobre cómo los tribunales en México se están convirtiendo en el arma favorita para callar bocas incómodas. No es que yo lo diga, eh, son versiones que corren como reguero de pólvora en X y otras plataformas, con usuarios soltando sus sospechas y suposiciones sin parar. Algunos lo ven como un ataque frontal a la libertad de expresión, mientras que otros piensan que es solo «justicia» para los que se pasan de la raya. Pero vamos por partes, porque esto huele a precedentes peligrosos.
Primero, el caso que tiene a muchos echando chispas: la Sala Regional del Tribunal Electoral en Guadalajara aceptó un juicio contra una mujer por un mensajito privado en WhatsApp. Según lo que se lee en posts como el de @moni_calles, que comparte un comunicado de Article 19, el tribunal metió la nariz en conversaciones personales que ni al caso público tenían, y todo por una denuncia de violencia política de género. El interlocutor presentó el chat, y ¡zas!, sanción en puerta. Usuarios como @ForoConstMex desglosan el expediente en un hilo larguísimo, mencionando frases como «pinche… nomás quiere joder» o «ya consíganle una novia», y argumentan que incluso lo privado ahora se juzga con lupa de género. Hay quien dice que es un avance contra el machismo, pero otros, como comentarios en replies, lo ven como invasión a la privacidad: «¿Dónde queda la libertad si hasta tus whatsapps te delatan?», pregunta un tuitero anónimo. Rumores sin confirmar sugieren que esto abre la puerta a más demandas por chismes de chat.
Luego, el rollo con Luis Alfonso Meza. Este activista, promotor de «Narcopolíticos», fue sancionado por alertar sobre el riesgo de que la abogada de El Chapo Guzmán se volviera jueza. @PeriodicoZocalo y @TeleSaltillo publican notas donde Meza acusa censura pura, obligado a disculparse y entrar al padrón de violentadores. En X, @chilaquilverd lo pone claro: «Una jueza sancionó a un periodista por violencia de género solo por exponer nexos con El Chapo». Sospechas corren de que es un doble estándar, porque si criticas al poder, te cae el garrote disfrazado de «protección de género». Usuarios comentan que es intimidación: «Esto es para callar a quienes destapan corrupción», dice uno en replies a @FranciscoBurgoa, quien habla de un patrón sistemático de acoso judicial.
Y para rematar, Ignacio Gómez Vilaseñor enfrenta una demanda por daño moral de un asesino que se sintió «afectado» por una nota sobre su crimen y las broncas de la familia de la víctima para conseguir justicia. Aunque no hay tantos detalles frescos en las búsquedas, en hilos como el de @JoseMarioMX se menciona como parte de una ola de censura, con usuarios suponiendo que los criminales ahora usan tribunales para lavarse la cara. «@NachoRgz» opina en su post que la legislación actual hiperprotege a ciertas figuras, degradando la libertad de expresión, y advierte: «Hay jurisprudencias para tumbarla».
En fin, estas versiones en redes pintan un panorama donde los juzgados se usan para intimidar y censurar, no para impartir justicia pareja. Algunos usuarios lo ven como herencia de un Poder Judicial corrupto, otros como estrategia del gobierno actual. No todo está confirmado, claro, son trascendidos y comentarios que flotan en el ciberespacio. Pero si esto sigue, ¿quién se atreve a abrir la boca? Ojo al dato, porque la libertad de expresión no se defiende sola.
