En el panorama político mexicano, un patrón recurrente emerge entre ciertos militantes de Morena: la negación inmediata y rotunda de acusaciones, incluso ante evidencias preliminares o investigaciones en curso. Este comportamiento, observado en casos de alto perfil, no solo cuestiona la rendición de cuentas dentro del partido gobernante, sino que alimenta debates sobre la credibilidad de sus figuras públicas y el impacto en la confianza ciudadana. Mientras Morena se posiciona como defensora de la transformación ética, estos episodios generan tensiones internas y externas, invitando a reflexionar si se trata de una estrategia defensiva o de un desafío estructural a la imparcialidad judicial.
Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, ejemplifica esta dinámica. En febrero de 2025, la Fiscalía de Morelos solicitó su desafuero por presunto abuso sexual contra su media hermana, Nidia Fabiola, quien detalló en una denuncia un episodio de acoso y violencia en 2023. Blanco, protegido por su fuero, se presentó voluntariamente a declarar en marzo, pero ha negado categóricamente las imputaciones, calificándolas de «falsas» y motivadas políticamente. Más allá de este caso, enfrenta cuatro denuncias adicionales por malversación de fondos públicos durante su gestión estatal, estimados en 40 millones de pesos, y acusaciones de violencia de género en la Cámara de Diputados. Su reciente celebración de logros legislativos en diciembre, enfocada en actividades recreativas como pádel, ha intensificado las críticas, al contrastar con la ausencia de iniciativas de su parte. Este perfil de negación persistente, pese a expedientes abiertos, plantea interrogantes sobre el uso del fuero como escudo y su efecto en la percepción de impunidad.
Otro caso paradigmático es el de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito. En septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, congelando sus bienes en territorio estadounidense junto a otros 22 objetivos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana respondió bloqueando sus cuentas locales, medida que un juez federal rechazó revertir en octubre. Brown ha rechazado enérgicamente cualquier nexo con el crimen organizado, afirmando que devolvió su visa estadounidense por correspondencia en diciembre y que sus familiares la apoyan financieramente ante las restricciones. Sin embargo, las investigaciones bilaterales persisten, y su negación absoluta, sin aportar contrapruebas documentales, ha avivado polémicas sobre la infiltración del narco en esferas legislativas, un tema sensible para la coalición gobernante que prometió erradicar la corrupción.
En la esfera de aspirantes presidenciales, Adán Augusto López Hernández, senador por Morena y exsecretario de Gobernación, acumula sombras judiciales. Octubre de 2025 trajo 37 denuncias por presunto quebranto de 800 millones de pesos en su administración como gobernador de Tabasco, además de menciones en carpetas por huachicol fiscal y el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, investigado por delincuencia organizada. López niega irregularidades, atribuyéndolas a «persecución política» del PRI, y destaca su apoyo a reformas constitucionales como prueba de congruencia. Estas acusaciones, sin resolución final, erosionan su imagen como figura austera y generan especulaciones sobre favoritismos en la Fiscalía General de la República.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, también encarna esta tendencia. En diciembre de 2025, negó vínculos con el extorsionador conocido como «El Limones», pese a que la UIF identificó operaciones financieras sospechosas ligadas a su central obrera CATEM. Su historial incluye una detención en 1998 por robo de vehículo y portación ilegal de arma, episodios que resurgieron en debates sobre opacidad y austeridad. Haces defiende su trayectoria legislativa, pero la persistencia de señalamientos sin autocrítica invita a cuestionar la selección de cuadros en Morena.
Miguel Ángel Yunes Márquez, senador que se adhirió a Morena en febrero de 2025 tras una controvertida trayectoria panista, enfrenta menos escrutinio judicial directo, pero su integración ha sido tachada de oportunista, con críticas de la gobernadora Rocío Nahle por «traición» política. Su voto clave en reformas judiciales ha amplificado el debate sobre lealtades y pureza ideológica en el partido.
Este mosaico de negaciones sistemáticas no es aislado: observatorios como Todas Mx documentan al menos 17 candidatos morenistas con denuncias por violencia de género sin sentencia, un patrón que persiste pese a promesas electorales. Analíticamente, tales respuestas defensivas fortalecen la cohesión partidista a corto plazo, pero socavan la legitimidad de Morena ante un electorado demandante de transparencia. En un contexto de reformas al Poder Judicial, estos casos provocan un dilema: ¿refuerzan la narrativa de «lawfare» opositor o evidencian fallas en la depuración interna? La justicia mexicana, con su carga de impunidad histórica, se ve obligada a equilibrar presunciones de inocencia con la urgencia de rendición de cuentas. Solo resoluciones concluyentes dilucidarán si esta negación es mera retórica o un obstáculo para la democracia renovada.
