Desde Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado que el gobierno mexicano mantiene vínculos con el crimen organizado y que las autoridades están «petrificadas por miedo a los cárteles». Además, se han difundido versiones sobre una lista de políticos presuntamente ligados a grupos criminales que el gobierno estadounidense desearía enjuiciar.
Estas declaraciones surgen en el contexto de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y de la revocación de visas a varios políticos de nuestro país. Las causas de esta decisión no se han hecho públicas; solo se habla de «problemas administrativos» o «sospechas» de relación con actos delictivos.
En México, entre los primeros resultados de la actual administración, el operativo «Enjambre» logró la detención de siete funcionarios en el Estado de México en noviembre de 2024. Su participación en actos delictivos incluía la relación con grupos del crimen organizado, y el operativo ha continuado con más aprehensiones. Entre los detenidos destacan una alcaldesa y los encargados de seguridad de dos municipios mexiquenses.
Si se analizan por separado los hechos mencionados, podrían parecer simples coincidencias. Sin embargo, al verlos en conjunto, se revela un patrón de complicidad entre autoridades y criminales, lo que parece darle la razón, al menos en parte, al expresidente de Estados Unidos.
Más recientemente, el portal Pie de Página y la organización Defensorxs lanzaron una página de Internet que busca exponer a los «narcopolíticos». El sitio presenta un listado de diez personajes, de los cuales tres están vinculados a Morena, dos al PRI, dos al PRD, uno al PAN, uno al PVEM y otro a Movimiento Ciudadano. Los nombres pueden consultarse en el siguiente enlace: https://narcopoliticos.com/
Según Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs, el objetivo de la iniciativa es hacer público «un esfuerzo para exponer las complicidades entre los políticos y el crimen organizado en México», como lo indicó en una publicación en la plataforma X (antes Twitter). Uno de los propósitos de este proyecto es acabar con la impunidad, ejerciendo presión social sobre los políticos para que dejen de coludirse con el crimen organizado, una tarea compleja, pues se trata de un problema con profundas raíces en el país.
Además, la iniciativa conlleva un riesgo considerable, ya que confronta un fenómeno que también es un negocio para sus participantes, quienes podrían intentar silenciar este tipo de proyectos.
No obstante, el tema ha calado en el ánimo de la ciudadanía, que ha reaccionado ante los excesos de buena parte de los militantes del partido en el poder, quienes presumen en sus redes sociales posesiones de lujo que no corresponden a sus ingresos. El rechazo a esta ostentación, así como a los actos de censura promovidos por miembros del partido oficial en redes sociales, muestra que el camino para frenar estos abusos está en manos de una ciudadanía que exprese de múltiples formas su repulsión ante este fenómeno.
Por supuesto, puede haber un costo electoral para Morena. Aunque el partido puede ofrecer resultados positivos en algunas de sus acciones de gobierno, el balance final no es tan bueno como pretenden hacernos creer. Para muchos mexicanos, el hartazgo ante la ostentación, la permisividad y la complicidad con el crimen organizado podría orientar sus votos.
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