El combate a las drogas en su escala más local presenta un panorama desafiante para la actual administración. Durante el año 2025, el delito de narcomenudeo en México registró un incremento del 13% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 104,210 denuncias. Esta cifra no solo refleja la persistencia del fenómeno, sino que consolida una tendencia ascendente que pone a prueba las estrategias de seguridad en los estados más afectados.
De acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cierre del año mostró una ligera estabilización mensual, con 7,175 denuncias en diciembre —un 3% menos que en el mismo mes de 2024—. Sin embargo, este ajuste marginal no altera la realidad estructural: en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el acumulado ya supera los 104 mil casos, evidenciando que la comercialización de sustancias ilícitas a pequeña escala sigue siendo uno de los motores de la violencia y el control territorial en diversas regiones.
La geografía del narcomenudeo en el país es clara y se concentra en puntos específicos que demandan atención urgente. Tres estados —Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León— concentraron por sí solos el 40% de todos los casos reportados durante el año. Esta focalización territorial sugiere que, más allá de un problema nacional generalizado, existen focos rojos persistentes donde las redes de distribución local operan con una intensidad que supera la capacidad de respuesta de las autoridades estatales.
Al analizar el impacto por densidad poblacional, las cifras son aún más reveladoras. Guanajuato se posiciona a la cabeza con 1,949 denuncias por cada millón de habitantes, seguido de cerca por San Luis Potosí con 1,729 y Nuevo León con 1,703. En contraste, otras entidades como la Ciudad de México presentan una tasa de 821 casos, lo que resalta la disparidad en la incidencia delictiva y en la efectividad de las carpetas de investigación iniciadas en cada entidad.
Para el público interesado en la política mexicana, estos datos son cruciales para entender el mapa del poder local y los retos de la pacificación. El incremento anual del 13% plantea interrogantes sobre la eficacia de los programas de prevención y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Mientras el discurso oficial busca reducir los índices de violencia de alto impacto, el narcomenudeo aparece como un termómetro de la economía ilegal que permea en los barrios y comunidades, alimentando otras conductas delictivas.
El desafío para 2026 será revertir esta tendencia al alza en los estados clave, donde el mercado local de sustancias parece haber encontrado un terreno fértil a pesar de los operativos de seguridad vigentes.
