El Gobierno Federal de México, bajo la denominada Cuarta Transformación (4T), enfrenta acusaciones de haber transformado la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en un obstáculo para el acceso a información pública. Desde la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 2024 y su reemplazo por la Secretaría de Buen Gobierno, múltiples denuncias ciudadanas destacan fallas técnicas y operativas que impiden búsquedas efectivas, solicitudes de datos, presentación de quejas y respuestas a correos institucionales. Este escenario genera debate sobre si se trata de negligencia administrativa o una estrategia deliberada para limitar la rendición de cuentas, invitando a polémica en torno a la erosión de derechos fundamentales.
Reportes indican que la PNT, ahora bajo el nombre «Transparencia para el Pueblo», presenta problemas graves como lentitud, errores frecuentes y eliminación de herramientas de búsqueda avanzada, incluyendo operadores booleanos que antes facilitaban consultas precisas. Ciudadanos y periodistas han documentado casos donde solicitudes ingresadas no aparecen en el sistema, y quejas por incumplimiento carecen de mecanismos para seguimiento, como botones para subir documentos o pedir actualizaciones. Además, correos electrónicos institucionales no responden, y teléfonos de contacto resultan inoperantes, lo que agrava la percepción de bloqueo intencional. En los primeros meses de operación post-reforma, la nueva entidad desechó el 99.6 por ciento de recursos de revisión, un índice que organizaciones como Article 19 catalogan como retroceso significativo.
Defensores del gobierno argumentan que estas dificultades derivan de una reingeniería necesaria para optimizar recursos y combatir la simulación en transparencia heredada de administraciones previas. Señalan que la transición busca priorizar proyectos nacionales, y atribuyen fallas a ajustes técnicos temporales, como actualizaciones en servidores o ciberataques que afectaron el sitio en 2025. Funcionarios destacan que la PNT concentra información histórica de más de 800 sujetos obligados, y que el presupuesto reducido —de apenas 25 millones de pesos— se enfoca en mantenimiento esencial, rechazando acusaciones de sabotaje.
Por el contrario, críticos —incluyendo activistas, excomisionados y periodistas— ven en estos cambios una opacidad estructural. Argumentan que la eliminación de contrapesos autónomos, como el INAI, facilita la negación de información por motivos vagos, como «compromiso a la paz social» o protección de «proyectos prioritarios», lo que vulnera la Ley General de Transparencia. Denuncian que datos incompletos o desaparecidos en la plataforma ocultan actos de corrupción, y que la falta de respuesta a quejas ciudadanas anula el derecho a saber, erosionando la democracia. Esta discrepancia invita a controversia: ¿representan estas fallas una incompetencia burocrática o un diseño para estrangular la responsabilidad pública?
El análisis revela un panorama de transición incompleta, con impactos en la confianza ciudadana. Mientras el gobierno promete mejoras, las denuncias persistentes sugieren un deterioro que podría perpetuar la impunidad. Monitorear reformas futuras será esencial para evaluar si se restaura el acceso efectivo o se consolida la opacidad.
