La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, por la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero de 2026, ha desatado un debate sobre los mecanismos de selección de candidatos en Morena. Acusado de delitos graves como secuestro agravado, delincuencia organizada y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rivera asumió el cargo en 2025 tras ganar las elecciones bajo la bandera del partido oficialista. Este caso pone en evidencia posibles deficiencias en los procesos de verificación, especialmente después de que la dirigencia nacional de Morena anunciara una revisión más estricta de perfiles para excluir aspirantes con antecedentes penales.La presidenta Claudia Sheinbaum, en declaraciones recientes, afirmó que durante el proceso electoral de 2024 ya se solicitaba información a la FGR sobre candidatos, y que en el caso de Rivera no se detectaron irregularidades ni carpetas de investigación abiertas. Sin embargo, el anuncio posterior de Morena sobre una nueva verificación de antecedentes genera interrogantes. Si los protocolos ya existían, ¿por qué reiterarlos ahora? Analistas sugieren que podría tratarse de una medida reactiva para mitigar el daño reputacional, mientras que fuentes internas del partido lo presentan como una evolución natural para fortalecer la integridad interna.Desde una perspectiva crítica, esta situación revela contradicciones en la aplicación de criterios de selección. Por un lado, defensores de Morena argumentan que el caso de Rivera es aislado y que las denuncias –incluyendo extorsiones a empresarios tequileros y secuestros de precandidatos en 2021– surgieron después de su toma de posesión. Destacan que el partido ha impulsado reformas para mayor transparencia, como la colaboración con instancias federales, y que la detención demuestra el compromiso del gobierno con la justicia imparcial. Sheinbaum enfatizó que «ningún partido, menos Morena, debe ser un paraguas para delinquir», posicionando el episodio como una oportunidad para depurar filas.Por otro lado, opositores y observadores independientes cuestionan la efectividad de los filtros previos. Critican que, pese a las consultas a la FGR, Rivera –quien se asumía subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho»– accediera al poder, lo que sugiere fallas en la inteligencia o posibles omisiones. Esto invita a la polémica sobre la responsabilidad de los partidos en la prevención de infiltraciones criminales, especialmente en regiones como Jalisco, donde el crimen organizado ha permeado estructuras locales. ¿Representa esto una hipocresía en un movimiento que se autodenomina transformador, o es un reflejo de desafíos sistémicos en el sistema electoral mexicano?El debate se extiende a implicaciones más amplias: la confianza pública en las instituciones podría erosionarse si se percibe que los protocolos son insuficientes o reactivos. Críticos señalan que anuncios como este podrían ser meros ejercicios de control de daños, mientras que simpatizantes lo ven como un paso hacia mayor rigor. En última instancia, el caso subraya la necesidad de mecanismos independientes y proactivos para evaluar candidatos, más allá de consultas formales a la FGR, para evitar que figuras con nexos delictivos ocupen cargos públicos. Este episodio, que ya ha generado llamados a auditorías internas en Morena, podría influir en futuras estrategias electorales y en la percepción de la «cuarta transformación».
