El escándalo que envuelve a la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, militante de Morena por Baja California, representa un nuevo golpe a la credibilidad del partido en el poder, en un contexto de crecientes acusaciones de nexos con el crimen organizado. El 18 de septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Brown en una lista de sancionados por su presunta colaboración con «Los Mayos», facción del Cártel de Sinaloa, en actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero. Esta designación, que califica al cártel como organización terrorista extranjera, también afectó a cinco personas y 15 empresas ligadas a la red criminal, con énfasis en operaciones en Playas de Rosarito, Baja California.
Brown, exalcaldesa de Rosarito (2019-2021) y actual legisladora por el Distrito 9 de Baja California, es señalada por haber facilitado influencia política a operadores del cártel durante su gestión municipal. Según el informe de la OFAC, Jesús González Lomelí, empresario local vinculado a Los Mayos, y Candelario Arcega Aguirre, descrito como «agente político» del cártel, corrompieron el gobierno de Rosarito a través de una «estrecha relación personal» con Brown. Esto permitió protección a actividades ilícitas de los hermanos Arzate García, narcotraficantes clave en la región, incluyendo el lavado de ganancias de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia EE.UU. La red, conocida como «La Mayiza», opera desde Baja California, aprovechando la proximidad fronteriza para el contrabando.
En respuesta inmediata, México activó mecanismos de cooperación bilateral. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó administrativamente 22 cuentas bancarias de Brown y otros implicados, confirmando el congelamiento de activos por un monto no especificado, pero que incluye propiedades y empresas ligadas a la diputada. Sin embargo, Brown ha negado rotundamente las acusaciones en un comunicado en Facebook, calificándolas como un «montaje» orquestado por «enemigos de Morena» para desestabilizar a la Cuarta Transformación. «Soy un objeto de infamia por mi compromiso con el pueblo», escribió, insistiendo en que no tiene vínculos con el narcotráfico ni conocimiento de irregularidades en sus finanzas, a pesar de las evidencias documentadas por la OFAC. Esta negación categórica sigue el patrón observado en casos previos de Morena, como los de huachicol fiscal o amparos falsos a hijos de AMLO, donde las respuestas iniciales priorizan la desestimación sobre la autocrítica.
Políticamente, este episodio agrava la crisis de imagen de Morena. El partido, que se fundó en la promesa de erradicar la corrupción, enfrenta una serie de señalamientos internacionales que cuestionan su integridad. En redes sociales, como X (anteriormente Twitter), el tema ha generado indignación: usuarios como @EnBogaMx y @Correarules destacan el riesgo de un desafuero, mientras hilos de @infobaemexico detallan el esquema de La Mayiza. La oposición, particularmente PAN y PRI, exige la renuncia inmediata y una investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que esto erosiona la confianza en el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuya aprobación ronda el 75% pero muestra signos de fatiga por escándalos acumulados.
Desde una perspectiva analítica, las sanciones de EE.UU. no solo buscan desmantelar redes financieras –con un impacto estimado en millones de dólares bloqueados–, sino también presionar a México para intensificar la cooperación antinarcóticos. Bajo la administración Trump 2.0, estas medidas se enmarcan en la designación del Cártel de Sinaloa como terrorista desde febrero de 2025, lo que podría escalar tensiones bilaterales si no hay extradiciones o procesamientos rápidos. Para Morena, el costo es alto: un desafuero exitoso podría fracturar la bancada en la Cámara de Diputados, donde el partido tiene mayoría, y alimentar narrativas de «narco-política» que debiliten campañas locales en Baja California.
En conclusión, el caso de Brown ilustra las vulnerabilidades sistémicas de Morena ante la infiltración criminal. Si bien su negación busca contener el daño, las evidencias de la OFAC y la UIF demandan una respuesta institucional robusta. Sin transparencia, este «episodio» podría convertirse en un catalizador para reformas judiciales pendientes, recordándonos que la lucha contra la corrupción no tolera excepciones.
