Las recientes declaraciones de Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, han avivado el debate sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Padierna afirmó que es viable avanzar en la iniciativa sin eliminar las diputaciones plurinominales, proponiendo en su lugar modificar su designación para que los candidatos compitan en campañas y obtengan votos directos, lo que permitiría reducir el gasto en partidos y achicar las cámaras legislativas. Esta postura, expresada en entrevistas recientes, refleja un ajuste en el discurso oficial, priorizando consensos para garantizar la aprobación de la enmienda, que busca eficiencia en el financiamiento electoral y fortalecimiento de la democracia participativa.
Simpatizantes de Morena defienden esta flexibilidad como un acto de responsabilidad legislativa, argumentando que preserva la representación de minorías sin sacrificar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). Según esta visión, el cambio en la selección de plurinominales democratizaría el proceso, obligando a los partidos a someterse al escrutinio popular en lugar de depender de listas cerradas controladas por cúpulas. Además, destacan que la reforma podría incorporar demandas ciudadanas para un gasto más eficiente en comicios, alineándose con reclamos históricos de transparencia y reducción de costos operativos en organismos electorales.
No obstante, críticos interpretan estas declaraciones como una concesión forzada ante presiones de aliados electorales, validando versiones de que las amenazas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han surtido efecto. Líderes como Reginaldo Sandoval del PT han advertido que sin su respaldo, la iniciativa no prosperaría, recordando que Morena requiere mayoría calificada —dos tercios del Congreso— para reformas constitucionales. Esta dinámica evoca episodios previos, como el freno a la iniciativa contra el nepotismo electoral, donde PT y PVEM utilizaron su peso en votos para proteger intereses partidistas, como candidaturas familiares o presupuestos. Opositores, incluyendo voces del PRI y PAN, cuestionan si esto perpetúa un clientelismo que prioriza alianzas sobre principios, potencialmente erosionando la pluralidad al ceder ante partidos menores que dependen de plurinominales para sobrevivir.
La polémica se intensifica al considerar implicaciones más amplias: ¿fortalece esta negociación la cohesión de la coalición gobernante, o revela vulnerabilidades en Morena al depender de aliados oportunistas? Defensores de PT y PVEM argumentan que su resistencia defiende la diversidad política, evitando que reformas eliminen espacios para representaciones minoritarias y asegurando equilibrio en un sistema dominado por grandes partidos. Sin embargo, analistas independientes advierten de riesgos de hegemonía, donde concesiones tácticas podrían diluir objetivos transformadores, como la erradicación de vicios del antiguo régimen priista. Eventos recientes, como reuniones entre la Secretaría de Gobernación y líderes del PT, sugieren esfuerzos por dialogar, pero persisten divisiones internas en el PVEM, donde algunos senadores rechazan propuestas que perciben como imposiciones.
En un contexto de tensiones preelectorales, esta evolución plantea interrogantes sobre la responsabilidad en la gestión legislativa. Mientras Morena busca incorporar aportes de aliados antes de presentar la iniciativa —prevista para febrero—, la oposición insta a un debate amplio que incluya al INE y sociedad civil. El resultado podría redefinir el sistema electoral, pero también acentuar divisiones si no se logra transparencia en las negociaciones, alimentando acusaciones de autoritarismo o debilidad estratégica.
