El inicio de 2026 en México presenta una profunda dicotomía entre el discurso emitido desde el Poder Ejecutivo y los indicadores económicos, sociales y de seguridad que emergen de organismos autónomos, organizaciones civiles y empresas de opinión pública. Mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa de estabilidad y avance en la «transformación», diversos datos recientes sugieren un panorama de estancamiento y crisis en áreas críticas.
Mercado laboral y desaceleración económica
Uno de los pilares del discurso oficial es la solidez de la economía; sin embargo, las cifras de empleo de principios de año contradicen esta visión. En enero de 2026, México registró una pérdida neta de 8,104 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este dato es particularmente alarmante, ya que representa el peor desempeño para un mes de enero desde 2014, rompiendo la tendencia histórica de recuperación laboral tras las festividades decembrinas. Analistas financieros sugieren que esta caída, sumada a una inflación que alcanzó el 3.79% en el mismo periodo por la «cuesta de enero», refleja una debilidad estructural que afecta principalmente a estados con menor inversión en infraestructura, como Campeche y Tabasco.
La crisis de seguridad y el fenómeno de la invisibilidad
En el ámbito de la seguridad, la brecha entre la percepción ciudadana y los datos oficiales es más amplia. La organización México Evalúa reportó un incremento del 70% en la violencia letal en la última década, advirtiendo que, si bien el Gobierno Federal presume una reducción del 40% en homicidios dolosos, este dato es parcial. El informe subraya que las desapariciones han crecido significativamente en corredores específicos como Sinaloa (150%) y Sonora (168%).
Esta tendencia sugiere que la violencia no necesariamente se está reduciendo, sino que está mutando hacia formas menos visibles. Estados como Guanajuato continúan siendo epicentros de violencia vinculada al crimen organizado, ejemplificado por masacres recientes en campos deportivos. En Sinaloa, la pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa ha provocado que 2025 fuera el año más violento en una década, con un promedio de 137 homicidios mensuales, una realidad que la retórica oficial de «atención a las causas» no ha logrado mitigar en el corto plazo.
Corrupción y el desgaste de la confianza
La narrativa de un gobierno libre de corrupción también enfrenta desafíos críticos. La publicación de investigaciones periodísticas, como las que retoman casos descritos en el entorno de figuras como Julio Scherer Ibarra, han reavivado el debate sobre el uso faccioso de la justicia y la persistencia de redes de influencia dentro de la estructura estatal. Estos señalamientos alimentan la percepción de que la «limpieza» de las instituciones es aún una tarea inconclusa.
Percepción social: Un 2025 bajo la lupa
La opinión pública parece reflejar este cansancio institucional. Una encuesta reciente de Parametría reveló que el 68% de los entrevistados calificó al año 2025 como un «mal año» para el país. Aunque existe un optimismo resiliente de cara al futuro (un rasgo cultural constante en el electorado mexicano), la preocupación por la seguridad (54.9%) y la salud (12.7%) supera con creces el interés en los logros macroeconómicos que suele destacar la presidencia en sus conferencias matutinas.
Conclusión
El análisis del entorno actual muestra a un gobierno que, a pesar de conservar una base de apoyo político importante, enfrenta una realidad que no se ajusta a sus guiones comunicativos. La disminución en la creación de empleo, el repunte de desapariciones en estados clave y los persistentes escándalos de corrupción forman un mosaico de retos que requieren más que una narrativa coherente: demandan ajustes urgentes en la estrategia de seguridad y un impulso real a la competitividad económica para evitar que el descontento social manifestado en las encuestas se traduzca en una crisis de gobernabilidad.
