El Informe de Primer Año de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), correspondiente al periodo 2024-2025, ha puesto en evidencia una crisis hídrica severa en México, respaldada por datos oficiales que destacan la sobreexplotación de recursos subterráneos. Según el documento, 114 de los 653 acuíferos nacionales se encuentran en estado de sobreexplotación, lo que implica que la extracción anual supera sistemáticamente su capacidad de recarga natural, afectando aproximadamente uno de cada cinco cuerpos de agua subterránea. Esta situación se concentra en regiones del norte y centro del país, donde la demanda agrícola, industrial y urbana ha intensificado el estrés hídrico, exacerbado por fenómenos climáticos como sequías recurrentes y variabilidad en precipitaciones.
El informe reconoce que esta condición amenaza la disponibilidad para el consumo humano, la producción alimentaria y el equilibrio ecológico, con implicaciones en la salud pública y la economía. Datos históricos indican un incremento progresivo en el número de acuíferos afectados: de 102 en 2023 a los 114 actuales, reflejando una tendencia al alza que data de décadas previas. En zonas como el Valle de México, la extracción excede el doble de la recarga, con pérdidas por fugas que alcanzan el 42 por ciento del suministro, lo que limita el acceso a niveles por debajo de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Aunque el gobierno federal ha impulsado iniciativas para mitigar el problema, no se ha delineado un plan integral específico para revertir la sobreexplotación. Entre las acciones destacadas figuran el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, suscrito en diciembre de 2024 con entidades federativas y sectores productivos, que busca recuperar 3,075 millones de metros cúbicos mediante convenios con distritos de riego y una inversión de 6 mil millones de pesos en 2025-2030. Adicionalmente, el Programa de Ordenamiento de Concesiones ha revisado más de 392 mil títulos, detectando inconsistencias y promoviendo la cancelación de concesiones vencidas para prevenir acaparamiento. La tecnificación de 242 mil hectáreas de riego prioritario, con un presupuesto de 58,975 millones de pesos, apunta a reducir el consumo agrícola, que representa el 70 por ciento del uso nacional.
Estas medidas, sin embargo, generan elementos de polémica al confrontar intereses sectoriales. Críticos argumentan que priorizan la regularización sobre sanciones estrictas, permitiendo que industrias como la agricultura y la minería continúen extracciones intensivas sin transiciones inmediatas a prácticas sostenibles. La nueva Ley General de Aguas de 2025, que enfatiza el derecho humano al recurso, ha sido calificada por algunos como una «ofensiva» contra el campo, al imponer restricciones que podrían elevar costos operativos y generar conflictos con productores regionales. Además, la reducción del 75 por ciento en inversión pública para agua en el presupuesto 2025 plantea dudas sobre la viabilidad de estos planes, en un contexto de caída en ingresos petroleros y priorización de deuda. Ambientalistas señalan que el informe subestima el rol del cambio climático, mientras que expertos advierten de una «nueva normalidad» con sequías persistentes, afectando al 20.5 por ciento del territorio al cierre de 2025.
Analíticamente, esta crisis revela tensiones entre desarrollo económico y sostenibilidad, con riesgos de inequidad regional: estados del norte enfrentan escasez aguda, mientras el sur cuenta con mayores reservas. La ausencia de un enfoque unificado podría intensificar disputas interestatales y sociales, urgiendo auditorías independientes para evaluar la responsabilidad en la gestión. Sin avances concretos, el agotamiento podría comprometer metas de desarrollo sostenible, demandando colaboración multipartita para equilibrar necesidades inmediatas con preservación a largo plazo.
