A un día de que se comience a emitir la CURP Biométrica, señalamos que el uso de data biométrica exige adoptar las mejores prácticas internacionales para proteger los derechos de las personas. El avance de la identidad digital es necesario y bienvenido, pero estos sistemas, al concentrar información sensible, deben operar con contrapesos institucionales, rendición de cuentas, control judicial y ministerial, y plena transparencia. Sin estos elementos, se corre el riesgo de derivar en un sistema de vigilancia del Estado hacia la población, afectando libertades fundamentales y la confianza ciudadana.
La digitalización aporta tres beneficios cruciales a la economía pública y general. En primer lugar, optimiza la eficiencia y reduce costos para el Gobierno y los ciudadanos, ya que la automatización de trámites y la eliminación de procesos manuales liberan recursos que pueden ser redirigidos.
Segundo, mejora la transparencia y combate la corrupción al reducir la interacción personal y crear registros digitales inmutables, lo que fomenta la confianza en las instituciones. Finalmente, una economía basada en datos, al ser más ágil, impulsa la competitividad y la innovación. Esto crea un terreno fértil para el emprendimiento, el desarrollo de nuevos servicios y la atracción de capital, transformando la administración en un verdadero motor de prosperidad.
La CURP Biométrica es un avance no exento de riesgos
México se encuentra en una fase temprana de desarrollo digital y, de acuerdo con el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024 del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), ocupa el lugar 59 de 67 países. Este rezago refleja oportunidades para mejorar el ecosistema digital que deben ser atendidas con urgencia.
En tal sentido, es un avance la expedición de la CURP Biométrica en todas las entidades federativas a partir de mañana, jueves 16 de octubre. Además del código alfanumérico de 18 dígitos que actualmente se maneja, incluirá huellas dactilares, escaneo del iris (de ambos ojos), fotografía y firma electrónica. La información será gestionada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo). Sin embargo, no está exento de riesgos.
Casos como Estonia, Brasil e India ilustran cómo las estrategias de digitalización han impulsado la eficiencia y la inclusión financiera. Al mismo tiempo, también muestran que un proceso de digitalización masiva requiere contrapesos que controlen o mitiguen los riesgos relativos a posibles violaciones de los derechos digitales de las personas físicas y morales.
Sin contrapesos, la digitalización puede afectar derechos humanos
Durante el periodo extraordinario del Congreso (23 de junio al 2 de julio de 2025), se aprobaron seis reformas y cuatro nuevas leyes, con el objetivo de modernizar el sistema digital. El objetivo es dar mayor seguridad y agilidad al cumplimiento de trámites. El paquete legislativo crea plataformas públicas y privadas interconectadas que buscan incentivar la competitividad y dinamizar la economía. Al hacerlo, se centralizarán obligatoriamente datos biométricos, fiscales, bancarios, financieros, penales, educativos, de salud y de telecomunicaciones. Esos datos serán accesibles en tiempo real para autoridades civiles, fiscales y militares sin controles judiciales bien afianzados, con pocos mecanismos de transparencia, y sin protección efectiva a los usuarios en caso de abusos a la privacidad.
La desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó un vacío institucional en materia de privacidad y transparencia, que urge atender. En su lugar, se decidió delegar esa función a las contralorías internas de cada dependencia pública, lo que atomiza la responsabilidad estatal, debilita los mecanismos de control y deja en una situación de vulnerabilidad a ciudadanos y empresas.
Sanciones desmedidas por incumplimiento y vulnerabilidad de datos
Un ejemplo de esa desprotección es la propuesta de Paquete Económico 2026 —actualmente en proceso de aprobación— que propone reformar los artículos 30-B y 113-Bis del Código Fiscal en materia de plataformas digitales privadas. La propuesta fue emitida el 8 de septiembre pasado, en línea con el paquete de reformas. Si bien busca una mejor fiscalización, su diseño genera riesgos para derechos fundamentales como privacidad, libertad de expresión y libre empresa. De implementarse sin cambios de fondo, sancionará severamente por incumplimiento, cancelando el RFC y bloqueando temporalmente los servicios digitales de personas físicas o morales vía concesionarios de telecomunicaciones. Esta medida afectaría la operación de plataformas de periodismo, comercio electrónico, streaming, teletrabajo, telemedicina, inteligencia artificial, e-learning, bancos, transporte, servicios financieros y más.
Sin controles claros, los efectos podrían derivar en vigilancia masiva, censura y desincentivo a la inversión. Todo ello elevaría costos e incluso pérdidas para las empresas, los empleados y los usuarios por posibles interrupciones de los servicios, además de la vulnerabilidad por la exposición continua de datos altamente sensibles. Recordemos que México se ha convertido en uno de los países que recibe más ciberataques en el mundo. En 2024 registró 324 mil millones de intentos, de acuerdo con el Global Threat Landscape Report 2025 de Fortinet.
Principales desafíos a los derechos humanos
La reciente suspensión definitiva concedida por un juez al amparo de la organización Artículo 19 contra el paquete normativo aprobado en el periodo extraordinario confirma la relevancia del debate y las posibles afectaciones a los derechos humanos.
Entre los riesgos identificados están:
-Invasión de la privacidad mediante facultades amplias para recabar y consultar datos sin orden judicial.
– Amenazas a las libertades, tanto económicas como de expresión.
– Ampliación de las asimetrías de información entre gobierno y ciudadanos, al otorgar más peso a las capacidades de vigilancia del gobierno frente a los derechos democráticos.
– Incertidumbre jurídica para el sector productivo, al imponer obligaciones desproporcionadas a empresas y representantes legales.
– Vulnerabilidad ante ciberataques, en un país que ya registra uno de los mayores volúmenes de intentos de intrusión en el mundo.
– Posibles controversias por violación a tratados internacionales que México ha suscrito.
Recomendaciones para una digitalización en clave democrática
Desde México Evalúa, proponemos una serie de recomendaciones para lograr un sistema digital seguro, incluyente y democrático entre las que destacan:
– Desde el Congreso: crear un organismo rector del ecosistema, con base en un marco jurídico garante de los derechos digitales en conformidad con el Derecho internacional que implica ratificar la adhesión de México al Convenio de Budapest en materia de ciberdelincuencia.
– Desde el Ejecutivo: transparentar medidas de ciberseguridad, establecer auditorías externas y definir protocolos claros para el acceso a datos personales que garanticen la protección a los derechos digitales de personas y empresas.
– Desde el Poder Judicial: garantizar el cumplimiento del mandato constitucional que prevé que cualquier acceso a información privada requiere orden judicial previa conforme a estándares internacionales.
– Desde la sociedad civil: impulsar observatorios ciudadanos, programas de alfabetización digital y campañas de sensibilización para el buen uso del ciberespacio y la autoprotección a ciberataques.
México enfrenta una disyuntiva: aprovechar la digitalización como motor de prosperidad y desarrollo democrático, o permitir que se convierta en un mecanismo de control de la población sin garantías constitucionales. La experiencia internacional muestra que los países que apuestan por la innovación con confianza ciudadana y salvaguardas democráticas cosechan beneficios sostenibles. El reto es que nuestro marco legal y nuestras instituciones estén a la altura.
There is no ads to display, Please add some
