El 12 de agosto de 2025, México trasladó a 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, un movimiento que el gobierno de Claudia Sheinbaum justificó como una medida de seguridad nacional. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estos individuos, vinculados a cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguían operando desde prisión, ordenando secuestros, extorsiones y homicidios. La decisión, respaldada por la presidenta, se presentó como “soberana” y no como una respuesta a presiones de la administración Trump, aunque el Departamento de Justicia de EU solicitó el traslado. Sin embargo, este evento ha desatado un debate crítico: si el gobierno mexicano no puede controlar a los criminales dentro de sus cárceles, ¿cómo garantizará la seguridad de la ciudadanía?
La lista de trasladados incluye figuras de alto perfil como Abigael González Valencia (“El Cuini”), cuñado de “El Mencho”, y Servando Gómez (“La Tuta”), exlíder de Los Caballeros Templarios. Harfuch destacó que muchos de estos capos obtenían amparos para ser trasladados a penales de baja seguridad, aumentando el riesgo de fugas o continuidad delictiva. Esta situación expone vulnerabilidades en el sistema penitenciario mexicano, donde la corrupción y la falta de control permiten que los internos mantengan redes criminales. La entrega, realizada bajo la Ley de Seguridad Nacional, evitó procesos de extradición formales, lo que algunos analistas ven como un atajo para sortear un sistema judicial permeable.
En redes sociales, especialmente en X, usuarios como @JJDiazMachuca han criticado la medida, argumentando que refleja una desconfianza implícita en el sistema judicial mexicano. La narrativa oficial insiste en que el traslado protege a la población al neutralizar amenazas, pero la percepción pública es menos optimista. ¿Por qué enviar a estos criminales a EU si México puede contenerlos? La respuesta apunta a una cruda realidad: las cárceles mexicanas, en muchos casos, son centros de mando para el crimen organizado. Informes de medios como *El País* y *Milenio* señalan que los trasladados enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos, pero el compromiso de EU de no aplicar la pena de muerte facilitó la operación.
El contexto geopolítico añade otra capa. La entrega ocurre tras presiones de Trump para frenar el tráfico de fentanilo, con amenazas de aranceles si México no actúa. Aunque Sheinbaum niega que la decisión responda a demandas externas, el timing sugiere una negociación tácita. Este es el segundo traslado masivo en 2025, tras los 29 narcotraficantes enviados en febrero, lo que refuerza la percepción de que México delega parte de su responsabilidad en seguridad a EU.
El episodio plantea preguntas sobre la capacidad del gobierno para reformar el sistema penitenciario y combatir la corrupción. Si las cárceles no son seguras, la promesa de proteger al pueblo suena frágil. La estrategia de Sheinbaum busca proyectar firmeza, pero el traslado de capos a EU podría interpretarse como una admisión de debilidad interna, alimentando el escepticismo sobre la soberanía y la seguridad en México.
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