- El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), que coordina el diputado Pablo Fernández, planteó que el organismo de agua establezca cobros especiales, facilite convenios de pago y otorgue descuentos del 50% a grupos vulnerables.
- La iniciativa, expuesta por la diputada Joanna Felipe, propone que el organismo no suspenda el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago, y que suministre la cantidad mínima para el consumo humano básico.
Para garantizar el derecho al acceso y disposición de agua de manera suficiente, asequible y salubre para el consumo personal y doméstico, el Grupo Parlamentario del PAN propuso que los organismos municipales operadores de agua establezcan cobros especiales en su presupuesto de egresos, realicen convenios de pago con personas usuarias que, debido a su situación económica, no puedan cubrir las cuotas correspondientes, y otorguen descuentos del 50 por ciento a grupos vulnerables (actualmente, en algunos casos, del 38 por ciento).
La bancada, que coordina el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, solicita además que el organismo correspondiente no suspenda el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago, y que suministre la cantidad mínima para el consumo humano básico.
En sesión de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres presentó la iniciativa que establece que el acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico, reconocidos como derechos humanos, constituyen un servicio de utilidad pública.
Mediante la iniciativa de reforma a la Ley del Agua y al Código Financiero, ambos del Estado de México y Municipios, se busca garantizar el disfrute de estos derechos, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, así como a personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo, personas en privación de la libertad y víctimas de desastres.
En este contexto, se establece que, cuando el servicio de agua potable se suspenda por causas ajenas a la persona usuaria en el uso doméstico, las autoridades deberán garantizar el suministro mínimo para consumo humano, ya sea mediante pipas u otro medio que consideren adecuado.
Durante su exposición, la proponente aseguró que, de no cumplir esta disposición, el organismo operador o el ayuntamiento deberán reembolsar los pagos por los derechos del servicio realizados por la persona contribuyente por un servicio que no se recibió. “Eso es lo justo: no se debe pagar por lo que no se recibe”, enfatizó.
Por último, el documento señala que las personas pensionadas o jubiladas; con incapacidad permanente total o parcial, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; personas viudas de 60 años o más; menores de edad en situación de orfandad, a través de quien legalmente los represente, tendrán derecho a una bonificación permanente del 50 por ciento (actualmente del 38 por ciento) en el pago por el suministro de agua para uso doméstico, siempre y cuando acrediten alguna de estas condiciones.
En este mismo supuesto se encontrarían mujeres en estado de gestación o lactancia, en estado civil solteras que acrediten tener dependientes económicos; quienes hayan sido liberadas con motivo de una amnistía estatal o madres jefas de familia sin ingresos fijos.
La congresista señaló que es injusto que, mientras el servicio es deficiente o inexistente, las familias tengan que pagar recibos y, además, desembolsar un promedio de 962 pesos por una pipa o gastar más en agua embotellada que en el propio suministro básico.
“Para 6 millones de mexiquenses en situación de pobreza, esto es simplemente impagable. No podemos seguir permitiendo que el 55 por ciento de mexiquenses sienta que su servicio de agua es insatisfactorio. Por ello, esta iniciativa no busca solo armonizar leyes, busca hacer justicia”, expuso.
