La detención de Nicolás Maduro en territorio venezolano el 3 de enero de 2026, tras una operación calificada como éxito por la administración Trump, ha intensificado el escrutinio sobre Cuba, especialmente con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado. De ascendencia cubana, Rubio ha emitido advertencias directas a La Habana, sugiriendo que el régimen cubano debería «preocuparse» ante el precedente establecido en Venezuela. Esta dinámica genera polémica al cuestionar si la acción contra Maduro, enmarcada en cargos de narcotráfico, podría extenderse a aliados regionales, alterando equilibrios hemisféricos.
La captura de Maduro, presentado como narcoterrorista con una recompensa de 15 millones de dólares desde 2020, se justifica por Washington como un golpe al crimen organizado. Rubio, en conferencias, ha enfatizado que el gobierno venezolano estaba infiltrado por elementos cubanos, incluyendo inteligencia y guardias, lo que vincula directamente a Cuba con la inestabilidad. Defensores de esta postura, principalmente en círculos conservadores, argumentan que fortalece la seguridad estadounidense al desmantelar redes que facilitan el flujo de drogas y represión. Críticos, incluyendo demócratas y analistas internacionales, la ven como un acto unilateral que viola soberanía, recordando intervenciones pasadas como la de Granada en 1983, y advierten de escaladas innecesarias.
Para Cuba, las implicaciones son profundas. Incluida en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 2021, La Habana enfrenta renovadas presiones bajo Trump, quien ha revertido aperturas de eras previas y reforzado sanciones. Rubio, conocido por su línea dura contra el comunismo cubano –influida por su herencia familiar de exiliados–, ha insinuado que debilitar a Maduro erosiona la influencia regional de Cuba, potencialmente aislando al régimen de Díaz-Canel. Esta visión genera controversia: partidarios la celebran como justicia histórica contra un gobierno acusado de violaciones sistemáticas a derechos humanos, con miles de detenciones políticas documentadas. Opositores, sin embargo, argumentan que ignora el impacto humanitario de embargos, que agravan escaseces y migraciones, y perciben en Rubio un sesgo personal que prioriza venganzas ideológicas sobre diplomacia equilibrada.
Elementos polémicos emergen en debates sobre responsabilidad internacional. ¿Es esta operación un modelo para confrontar dictaduras, o un pretexto para hegemonía? En redes, opiniones se polarizan: algunos celebran la «liberación» venezolana como paso hacia presionar Cuba, mientras otros condenan el «imperialismo» trumpista. Analistas destacan riesgos de retaliación, como ciberataques o alianzas con potencias rivales como Rusia y China, que han apoyado a ambos regímenes. Además, podría fracturar la unidad latinoamericana, con líderes como el colombiano Gustavo Petro criticando la dominancia estadounidense.
En resumen, la prisión de Maduro bajo Rubio amplifica tensiones con Cuba, obligando a examinar si tales acciones promueven democracia o perpetúan ciclos de confrontación. Mientras Washington celebra el éxito, La Habana se prepara para un posible endurecimiento, destacando divisiones entre intervencionismo y respeto soberano en la región.
