La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión en la política exterior de Washington bajo el mandato de Donald Trump. Presentada como una operación contra el narcotráfico, esta acción evitó la necesidad de aprobación congresional al tratar a Maduro no como jefe de Estado, sino como delincuente común, acusado de conspiración narco-terrorista desde 2020. Este enfoque policial, respaldado por una recompensa de 50 millones de dólares, altera la narrativa tradicional de intervenciones militares, reduciendo el escrutinio legal y potenciando debates sobre la legitimidad de tales operativos.
Desde una perspectiva crítica, esta detención genera polémica al cuestionar los límites de la soberanía nacional. Partidarios republicanos la celebran como victoria contra el crimen transnacional, argumentando que Maduro facilitaba el flujo de drogas hacia Estados Unidos, exacerbando crisis internas como la opioide. Críticos demócratas, sin embargo, advierten de un precedente peligroso que podría escalar a conflictos armados, recordando invasiones pasadas como la de Panamá en 1989 contra Manuel Noriega por motivos similares. Analistas internacionales destacan que, al enmarcar la acción como policial, Trump elude responsabilidades constitucionales, invitando a acusaciones de autoritarismo y erosionando el multilateralismo.
Para México, las implicaciones son particularmente alarmantes, dada la retórica de Trump sobre intervenciones contra carteles con el pretexto del narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado tajantemente cualquier incursión extranjera, enfatizando «cooperación sí, intervención no», y defendiendo la soberanía mexicana. No obstante, encuestas recientes revelan divisiones internas: muchos ciudadanos, hartos de la violencia que ha cobrado más de 400 mil vidas desde 2006, apoyan ayuda limitada estadounidense, percibiéndola como solución a la ineficacia gubernamental. Esta postura choca con visiones nacionalistas que ven en tales propuestas un resurgir del intervencionismo imperialista, reminiscentes de la Guerra México-Estados Unidos de 1846.
Elementos polémicos surgen al considerar las posibles consecuencias. Una intervención unilateral podría romper lazos diplomáticos, interrumpiendo la cooperación en migración y comercio, con impactos económicos devastadores para ambos países –México exporta el 80% de sus bienes a Estados Unidos–. Expertos advierten acciones de venganza de los cárteles, incluyendo ataques terroristas en territorio estadounidense o contra turistas, transformando organizaciones criminales en entidades aún más volátiles. Además, podría debilitar el Estado mexicano, fomentando inestabilidad regional y flujos migratorios masivos. Por otro lado, defensores argumentan que la inacción perpetúa el dominio de carteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, responsables de la mayoría del fentanilo que mata a 100 mil estadounidenses anualmente.
En suma, la caída de Maduro como «criminal» legitima un modelo de acción que Trump podría replicar en México, polarizando opiniones entre quienes priorizan seguridad inmediata y aquellos que defienden autonomía. Este escenario obliga a un examen riguroso de las dinámicas hemisféricas, donde el narcotráfico sirve de justificación para políticas agresivas, potencialmente desestabilizando la región sin resolver causas raíz como la desigualdad y la demanda de drogas.
