Los gigantescos cartapacios acumulados en doce años de infructuosas investigaciones en busca del paradero de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, apunta a que el hecho pasará a ser una de las tantas “cajas negras” de las injusticias que el Estado Mexicano ha acumulado a través de su historia, como ocurrió con la masacre del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco; el “Halconazo” del 10 de junio de 1971, el caso de Aguas Blancas y otros tantos dolorosos episodios en que se ha optado por ocultar la verdad bajo una alfombra oficial de impunidad.
Se calcula que a lo largo de los años y de tres gobiernos federales, se han acumulado unos 5 millones de fojas, en tres mil expedientes, pero de todo lo actuado, apenas se ha conseguido comprobar la certeza de algunos huesos de tres de los estudiantes; desde la controvertida “Verdad Histórica”, hasta las conclusiones del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), solo se han logrado detenciones temporales de algunos miembros del cártel de los Guerreros Unidos, ubicado como el principal responsable del secuestro y posterior asesinato de los normalistas.
Funcionarios, fiscales y comisiones especiales han desfilado ante el caso, pero a la fecha, resulta inconcebible que con todo el poder y los recursos del Estado, los padres y las familias de los jóvenes desaparecidos permanezcan en la zozobra de no saber el paradero de sus seres queridos, al menos para darles reposo en una sepultura.
De las últimas pesquisas tras el análisis de una red de llamadas telefónicas hechas en las horas claves de su desaparición, en las que participaron lo mismo servidores públicos que policías y los propios delincuentes, se ha procedido a la detención de 17 nuevos presuntos implicados, entre ellos, el ex gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, al que se les responsabiliza de haber desaparecido videos claves de la acontecido la noche de los hechos, en Iguala.
Entre las nuevas teorías, ahora se maneja que los cuerpos pudieron ser calcinados en una funeraria local, razón por la cual, la localización de sus restos no ha sido posible, pero en el fondo no puede aceptarse una incompetencia de tales extremos, sino más bien el temor a involucrar en una presunta complicidad con los Guerreros Unidos, a elementos de las fuerzas armadas, mismos que curiosamente tuvieron conocimiento de lo que ocurría, pero no movieron un dedo para auxiliar a los estudiantes. Algo muy similar a lo sucedido en la masacre del 2 de octubre, en que altos mandos castrenses quedaron con las manos manchadas de sangre, pero ninguno fue enviado a prisión.
No se sabe con certeza, cuántos son los recursos públicos que se han canalizado desde hace doce años en tratar de esclarecer los hechos, pero lamentablemente no hay nada en concreto para dar con el paradero de los muchachos y menos para determinar y castigar a los responsables.
Este año, nuevamente los padres, alumnos, familiares y colectivos sociales, marcharon para renovar el grito de lucha: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos¡”. La herida que permanece abierta en el corazón de las familias de los normalistas, nos duele y nos indigna a todos los mexicanos y mexicanas porque más allá de siglas partidistas e ideologías, el Estado como tal, sigue sin asumir su responsabilidad para llegar al fondo de los hechos.
Y mientras esto no suceda, la frase cliché de “caiga quien caiga”, no será más que una reciclada retórica oficial que más que buscar la verdad, sigue empecinada en mantener el velo de la opacidad e impunidad para proteger a los verdaderos culpables.
