La reciente aprobación de la denominada «Ley Esposa» en San Luis Potosí ha generado un intenso debate en el ámbito político mexicano, al modificar la Constitución local para establecer que en las elecciones gubernamentales de 2027 solo puedan postularse mujeres. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México y respaldada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, busca promover la paridad de género en un estado que ha tenido gobernadores varones durante ocho décadas. Gallardo ha defendido la medida argumentando que sus críticos «le tienen miedo a las mujeres» y que representa un avance histórico en la equidad. Sin embargo, la reforma ha sido calificada por opositores como una maniobra para favorecer candidaturas específicas, lo que introduce elementos de controversia sobre sus verdaderas intenciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado reservas, afirmando que «no es claro que sea para ayudar a las mujeres» y solicitando al exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, asesor jurídico de la Presidencia, que revise su constitucionalidad. Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de un análisis profundo para garantizar que tales reformas no oculten fines políticos partidistas, promoviendo en cambio un debate público sobre la paridad real. En paralelo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, ha rechazado categóricamente la ley, anunciando la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alcalde ha negado que esta norma se aplique en las elecciones de 2027 y ha extendido su crítica a iniciativas similares en Nuevo León, argumentando que distorsionan la competencia electoral.
En San Luis Potosí, la ley podría beneficiar directamente a Ruth González Silva, esposa del gobernador Gallardo y actual senadora, quien ha sido mencionada como posible candidata. Esto genera polémica al sugerir un posible nepotismo encubierto bajo el manto de la equidad de género, afectando a otras aspirantes de Morena que podrían verse excluidas si no se ajusta al perfil favorecido. Analistas destacan que esta dinámica podría polarizar al movimiento feminista, dividiéndolo entre quienes ven un progreso simbólico y aquellos que lo perciben como una regresión disfrazada, reviviendo acusaciones de clientelismo político en entidades gobernadas por aliados del oficialismo.
La controversia se amplía al considerar su posible replicación en otras entidades. En Chihuahua, por ejemplo, la senadora Andrea Chávez Treviño, una figura emergente de Morena, ha advertido que normas similares deben evitarse, ya que podrían limitar la diversidad de candidaturas femeninas y perpetuar estructuras de poder familiares. Si se extiende, esta tendencia podría alterar el panorama electoral de 2027 en al menos cinco estados, donde gobernadores varones buscan sucesoras cercanas, cuestionando la autonomía de las mujeres en la política y provocando debates sobre si tales leyes fortalecen o socavan la democracia participativa.
Expertos en derecho constitucional, como Zaldívar, han sido convocados para evaluar si estas reformas violan principios de igualdad y no discriminación, potencialmente derivando en fallos judiciales que redefinan la paridad. La polémica invita a reflexionar sobre el equilibrio entre avances de género y riesgos de manipulación electoral: ¿representan un paso hacia la inclusión o un instrumento para consolidar dinastías políticas? Mientras tanto, el Congreso de San Luis Potosí defiende su autonomía legislativa, pero la intervención federal podría escalar tensiones entre niveles de gobierno, afectando la cohesión del bloque oficialista rumbo a las próximas elecciones.
