La legitimidad de un gobierno no se agota en el respaldo electoral ni en la popularidad. Se construye y renueva con resultados, correcciones oportunas y la responsabilidad ante las decisiones tomadas. No se pierde de golpe, pero sí se desgasta, algo cada vez más visible en ámbitos clave de la vida pública.
Uno de los primeros signos es la erosión de su capital moral. La promesa de ser distintos se debilita cuando la corrupción no sólo persiste, sino que adopta formas más concentradas y excluyentes. Casos como los envíos de Pemex a Cuba, rodeados de opacidad y riesgos fiscales, revelan tensiones entre discurso público y manejo responsable de los recursos.
En un contexto global incierto, hoy se debilitan los factores externos de los que México ha dependido excesivamente: inversión extranjera, comercio y estabilidad económica heredada. El nearshoring no ha detonado crecimiento, la inversión productiva cae y aumenta la presión fiscal por la deuda, las pensiones y Pemex.
En materia de seguridad, la ausencia de diagnósticos territoriales finos y de fortalecimiento institucional abre la puerta a órdenes locales precarios. En educación, cooptada por intereses políticos, se compromete la promesa de movilidad social y el desarrollo incluyente, pilares simbólicos del proyecto gobernante.
La legitimidad exige responsabilidad, transparencia y disposición a ajustar el proyecto antes de que los costos sean irreversibles.
