En Campeche ya no se puede ni disfrazarse en carnaval sin pedir permiso a la jefa. Imagínense: la gobernadora Layda Sansores ha convertido el estado en un territorio donde criticar es deporte de alto riesgo. Periodistas hostigados, obligados a disculpas públicas o simplemente sacados del aire; periódicos cerrados uno tras otro hasta que no quedó ni uno impreso; y ahora, hasta las botargas del carnaval se han vuelto delito de lesa majestad. La gente ya ni se atreve a ponerse una máscara de la gobernadora o de su secretaria de seguridad, porque saben que puede terminar en la cárcel por “incitación al odio”. ¡Órale, qué carnaval tan aburrido nos dejaron!
Y no crean que la represión se queda en la calle o en las redacciones. Alcanzó a la mismísima Universidad Autónoma de Campeche. El exrector José Alberto Abud Flores fue detenido con droga “sembrada” en su camioneta –según él y muchos que lo respaldan–, justo cuando buscaba reelegirse y no se dejaba mangonear. Dos días en el bote, amenazas a su familia, y pum: destituido en un Consejo Universitario exprés, con policías de por medio y el puesto entregado a alguien más afín al poder. Organizaciones universitarias nacionales alzaron la voz contra esta intromisión brutal en la autonomía, pero Layda sigue en su rollo: “crítica no, gracias”.
Lo que se vive allá es un estado de excepción de facto, sin declararlo formalmente, pero con los mismos efectos: miedo, autocensura y persecución selectiva. Quien protesta, quien informa o quien se burla en botarga, termina en la mira. Sansores defiende que todo es por “violencia de género” o por ley, pero el patrón es clarito: no tolera ni un pero. Campeche, que ya era de los estados más pobres y olvidados, ahora también es el más silenciado.
Ojalá pronto alguien le recuerde que gobernar no es callar bocas, sino escucharlas. Porque si no, lo que queda es un carnaval sin máscaras, un periodismo sin plumas y una universidad sin libertad. Y eso, francamente, está bien pinche triste.
