Una pensión ayuda a sostener un hogar, pero su capacidad de proteger a la familia se reduce cuando debe destinarse a comprar los medicamentos que el sistema público no entrega; por eso, los apoyos sociales deben acompañarse de atención médica oportuna y tratamientos completos que permitan a las personas cuidar su salud sin comprometer su sustento. La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 debe responder a esa necesidad. Los recursos destinados a salud deben traducirse en consultas, tratamientos completos y hospitales capaces de atender a quienes los necesitan.
Como senadora y como diputada federal, siempre he votado a favor de los programas sociales y seguiré defendiéndolos porque son derechos de las personas y un respaldo indispensable para millones de familias; ese mismo compromiso me obliga a exigir servicios de salud dignos que complementen los apoyos y garanticen atención a quienes la necesitan. Los datos oficiales muestran el deterioro. En 2018, 20.1 millones de personas presentaban carencia por acceso a los servicios de salud; en 2024 eran 44.5 millones. Son 24.4 millones más, según las mediciones de Coneval e Inegi. Aunque hubo una mejoría respecto de 2022, seguimos lejos de recuperar la cobertura de 2018.
Conseguir una consulta no garantiza el tratamiento: según Coneval, los usuarios consultados en unidades públicas de primer nivel que no recibieron todos sus medicamentos pasaron de 25.5% en 2018 a 50.8% en 2021. Otra encuesta, en unidades rurales de IMSS-Bienestar, registró 19% de recetas incompletas en 2025. Son poblaciones distintas, pero ambas muestran problemas de abasto, mientras el gasto promedio trimestral por hogar en salud llegó a 1,605 pesos en 2024, aproximadamente 40% más en términos reales que en 2018, según el INEGI. El proyecto presupuestario para 2027 contempla alrededor de 1.1 billones de pesos para salud, un incremento que es positivo y debe traducirse en beneficios concretos para los pacientes mediante una distribución de recursos que responda a sus necesidades de atención.
Para lograrlo, la aprobación del presupuesto debe priorizar el abasto de medicamentos, la suficiencia de personal, el funcionamiento de los equipos y la atención de primer nivel, con metas verificables de surtimiento completo de recetas, reducción de tiempos de espera y continuidad de los tratamientos, así como la obligación de cada institución de rendir cuentas sobre el dinero ejercido y los resultados obtenidos. Defender los programas sociales y fortalecer la salud son compromisos que se complementan. Los apoyos protegen el ingreso; un sistema público que funciona evita que enfermar consuma ese respaldo. Seguiré defendiendo los programas sociales y el derecho a la salud. Las familias merecen sus apoyos y un sistema que atienda a todos. El presupuesto debe garantizar esa protección completa: que nadie tenga que gastar su pensión en la atención que el Estado debe brindar ni elegir entre comprar sus medicamentos y poner comida en su mesa.
