El primer año de Gobierno de la actual administración invita a un análisis equilibrado. Por el lado positivo, destaca una notable madurez frente a la volatilidad de la relación con Estados Unidos, en donde México ha optado por un pragmatismo estratégico.
Esta «frialdad» analítica ha permitido navegar la asimetría de poder con eficacia, manteniendo a México como un actor indispensable en la mesa de negociación del T-MEC.
En el ámbito interno, la justicia también ofrece algunas señales de esperanza: el giro en la Fiscalía de la CDMX hacia un modelo de litigación responsable y atención a las víctimas sugiere que la transformación institucional, aunque lenta, es posible cuando se enfoca en resultados y no solo en burocracia.
Sin embargo, para consolidar estos y otros avances, es imperativo atender los retos fiscales. El déficit cercano al 4% del PIB y la caída en la inversión física son señales de alerta que no deben ignorarse, pues comprometen el crecimiento futuro. El apoyo a Pemex sigue representando un costo significativo que presiona el costo financiero de la deuda, la cual ya alcanza el 53.1% del PIB. Para fortalecer la credibilidad de instituciones clave como Banxico y asegurar la estabilidad de largo plazo, el camino hacia adelante requiere conciliar la ambición social con una disciplina fiscal rigurosa. Este primer año sienta las bases de un modelo que, con ajustes precisos en inversión y eficiencia energética, tiene el potencial de transformar los claroscuros en un panorama de certidumbre y desarrollo compartido.
