En los últimos años, la violencia familiar ha sido una de las problemáticas más persistentes en México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentados por TResearch en su informe «México en Números», el país enfrenta un fenómeno que no solo afecta a individuos y familias, sino que también impacta a la sociedad en su conjunto.
El Panorama Actual
En enero de 2025, se registraron 19,313 denuncias por violencia familiar en todo el país, lo que representa una disminución del 7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este descenso es significativo, pero no suficiente para bajar la guardia. Según cifras históricas recopiladas entre 2015 y 2023, este tipo de violencia ha mostrado fluctuaciones preocupantes, con picos alarmantes durante la pandemia de COVID-19, cuando las condiciones de confinamiento exacerbaban tensiones domésticas.
El inicio de 2025 marca el nivel más bajo de denuncias para un mes de enero desde 2022, lo que podría interpretarse como un avance positivo. Sin embargo, especialistas advierten que esta reducción no necesariamente refleja una disminución real de los casos, sino posibles barreras en el acceso a la justicia o incluso una subestimación del problema debido a la falta de reportes.
Concentración Geográfica
El informe revela que tres entidades concentran el 31% de los casos de violencia familiar durante el sexenio de Claudia Sheinbaum (2024-2030): la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Guanajuato. Estas regiones, densamente pobladas y con altos niveles de marginación en algunas áreas, son epicentros donde confluyen factores sociales, económicos y culturales que propician estas situaciones.
Por otro lado, al analizar las tasas de denuncia por cada millón de habitantes, estados como Colima, Baja California Sur y Coahuila sobresalen por encima de la media nacional. Esto sugiere que, aunque estos territorios tienen menor población absoluta, sus indicadores relativos son alarmantes y requieren atención prioritaria.
Variaciones Regionales
Aunque a nivel nacional se observó una reducción en las denuncias, las variaciones entre estados son notorias. Por ejemplo, mientras jurisdicciones como CDMX, Edomex y Jalisco experimentaron una disminución en los casos reportados, otras como Baja California Sur, Coahuila y Puebla registraron incrementos significativos. Esta disparidad regional plantea desafíos adicionales para diseñar políticas públicas efectivas que aborden las causas profundas de la violencia familiar en contextos específicos.
Factores Subyacentes y Desafíos
La violencia familiar no es un fenómeno aislado; está profundamente arraigada en estructuras sociales como machismo, desigualdad económica y falta de educación emocional. Además, la impunidad sigue siendo un obstáculo crítico. A pesar de las campañas gubernamentales y los protocolos establecidos, muchas víctimas temen represalias o simplemente desconocen cómo buscar ayuda.
Otro aspecto relevante es la percepción social sobre qué constituye violencia familiar. Muchas personas minimizan conductas abusivas o normalizan patrones tóxicos dentro del hogar, lo que dificulta romper el ciclo de agresión. En este sentido, la sensibilización pública es clave para generar conciencia y fomentar una cultura basada en el respeto mutuo.
Hacia el Futuro
El gobierno federal y las autoridades locales deben redoblar esfuerzos para combatir este flagelo. Las estrategias deben incluir campañas de prevención, fortalecimiento de servicios de protección a víctimas y capacitación a operadores de justicia. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso equitativo a recursos legales y psicológicos para quienes enfrentan situaciones de riesgo.
El dato positivo es que el monitoreo constante permite identificar tendencias y ajustar intervenciones. No obstante, queda claro que erradicar la violencia familiar exige un compromiso multisectorial sostenido en el tiempo. Solo así será posible construir un México más seguro, justo y resiliente para todas las familias.
Conclusión
La violencia familiar sigue siendo uno de los retos más urgentes en la agenda de seguridad pública de México. Los números muestran avances modestos, pero también evidencian la magnitud del trabajo pendiente. La lucha contra este fenómeno debe ser una prioridad compartida entre instituciones, sociedad civil y ciudadanía en general.
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