En los últimos días hemos sido testigos de cómo en nuestro país se está construyendo desde el oficialismo un complejo engranaje para silenciar la crítica. En Puebla, el gobierno de Morena impulsó y aprobó una ley que no puede llamarse de otra forma: es una Ley Censura. Esta norma castiga con cárcel a quien, según criterios peligrosamente ambiguos, “ofenda” o “insulte” en redes sociales. Y lo digo con claridad: esto no protege a nadie, esto busca callar voces incómodas.
Desde el Partido Acción Nacional lo dijimos desde el primer momento: esta ley representa un retroceso gravísimo para las libertades en México. Es un texto vago, con términos tan amplios como manipulables, y con un enfoque que abre la puerta a la persecución de periodistas, activistas o cualquier ciudadano crítico. No vamos a quedarnos callados ni a permitir que se normalice el castigo a quien piensa distinto.
Lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Desde Puebla hasta Campeche, Morena no disimula su incomodidad con las críticas. Hace unos días, la gobernadora Layda Sansores llevó ante la justicia al exdirector del medio Tribuna, en lo que claramente es una represalia por su labor periodística. Otra vez, el uso del poder no para garantizar derechos, sino para amedrentar a quienes informan.
Frente a esa polémica, la presidenta de México respondió con una declaración importante: “Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”. Lo mismo afirmó al referirse al artículo del Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de ciberacoso y que muchos han interpretado como una forma encubierta de criminalizar la libre expresión digital. Celebro esas palabras. Coincido en que la censura no debe tener cabida en México. Pero lo reitero con firmeza: los discursos deben reflejarse en acciones.
Si Morena verdaderamente está en contra de la censura, entonces debe actuar en congruencia. Que comiencen a frenar y derogar leyes como la de Puebla y que cesen los intentos de persecución desde gobiernos locales. También, que retiren su impulso a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el ámbito federal, *una iniciativa que, de aprobarse, permitiría a las autoridades interferir en el contenido digital bajo el pretexto de mantener el “orden”. Eso no es proteger a la ciudadanía, es instalar mecanismos unilaterales de vigilancia y control.
La experiencia latinoamericana debería encendernos todas las alarmas. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha utilizado leyes ambiguas para encarcelar a periodistas y cerrar medios independientes. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho de la censura una política de Estado, bloqueando portales, persiguiendo a reporteros y convirtiendo a las redes sociales en un campo de batalla contra la disidencia. Incluso en El Salvador, con el pretexto de combatir el crimen, se han aprobado disposiciones que restringen el trabajo de la prensa. México no puede seguir ese camino.
En todos estos casos, la censura no llegó de golpe, sino disfrazada de leyes de “orden”, “seguridad digital” o “protección social”. Poco a poco, la libertad de expresión fue aniquilada y cuando la ciudadanía quiso hablar, ya era demasiado tarde. Lo mismo quieren imponer aquí si no levantamos la voz ahora. No es exageración ni paranoia: basta ver lo que ya está ocurriendo en nuestros propios estados.
Por eso es tan importante alzar la voz desde el Senado, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación y desde cada espacio de libertad que aún conservamos. El derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de prensa no pueden depender del ánimo del gobierno en turno ni de su intolerancia a la crítica. Son derechos constitucionales, pilares fundamentales de cualquier democracia verdadera.
Las redes sociales, los medios de comunicación desde los más robustos hasta los independientes y la crítica ciudadana han sido fundamentales para señalar abusos, exigir transparencia y promover justicia. Son espacios donde la verdad encuentra eco, donde las denuncias toman fuerza y donde la democracia se sostiene. Pretender regular estos espacios no protege a la sociedad, solo es una forma de encubrir a quienes hoy ostentan el poder.
Lo he dicho antes y lo sostengo hoy: la reforma a la Ley de Telecomunicaciones es un peligro real para nuestras libertades digitales. Si se aprueba, significa un paso hacia el control estatal de la conversación pública. No debemos permitir que el internet —una de las pocas trincheras libres— se convierta en un espacio vigilado por el gobierno. Eso no es democracia, es retroceso.
Desde el Senado seguiré firme en la defensa de este derecho. La libertad de expresión no es negociable, no se condiciona, no se limita. Si este piso de la llamada transformación quiere demostrar que está del lado de las libertades, tiene la oportunidad de hacerlo con hechos. Y si no lo hace, desde Acción Nacional estaremos ahí para recordarle que, en México, opinar y cuestionar nunca puede ser un delito.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
There is no ads to display, Please add some
