El clima de violencia que desde hace algunos años se padece en el país, ha creado una percepción de desestabilización, aunada a la psicosis colectiva de impotencia y frustración. Los índices de confianza en las autoridades, principalmente en aquellas encargadas de aplicar la ley, dígase los policías y los órganos de procuración de justicia, están por los suelos.
El incremento del secuestro, los delitos del fuero común, el robo y la extorsión, forman opinión pública adversa a las frágiles instituciones.
Los recientes episodios de Tlataya y Ayotzinapa son claro ejemplo de una descomposición social, política e institucional, cada vez más evidente en las distintas regiones: Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y algunos otros casos palpables.
Como muchos lo advertían, se han roto las reglas de convivencia social, erosionado el tejido de la comunidad, provocando un desgarrador dolor y la gestación de rencores. El profundo sentimiento de libertades acotadas está presente, la inseguridad personal y también enormes brechas de desigualdad.
En este rubro nos toca a todos actuar con responsabilidad, aunque estoy cierto que se sigue lucrando con la marginación y la pobreza, la compra de votos y voluntades en las elecciones son actos cotidianos que merman la cultura y desarrollo democrático. Lo mismo ocurre con las desigualdades civiles, judiciales y económicas, que están muy acentuadas dentro del entorno social, ya no digamos la lacra de la corrupción.
El movimiento estudiantil y la quema de la puerta de Palacio Nacional, sin duda, son manifestaciones de inconformidad sustentadas en la injusticia y por consecuencia la carencia de un orden con equidad.
El fin principal del Estado es conservar el orden y fomentar el bienestar general, cuando eso no ocurre, significa que algo no funciona correctamente, que existen desequilibrios y la necesidad de realizar ajustes.
Los acontecimientos suscitados y el desgaste de México ante la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos, nos coloca en posición de alerta para reaccionar tanto sociedad como gobierno, en las causas, efectos y soluciones de corto, mediano y largo plazo, comenzando por reconocer la existencia de una crisis.
Poner atención en las libertades de las personas con todo lo que ello implica, procurar leyes justas e impulsar el orden con respeto, igualdad, ética y responsabilidad, debe ser un buen comienzo para la recomposición.
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