La gentrificación ya no puede entenderse como un proceso espontáneo donde ciertos barrios se “ponen de moda”. Hoy, según investigaciones recientes como las del Oxford Research Encyclopedia of Social Work, se trata de una estrategia urbana que convierte espacios públicos en zonas exclusivas, elevando artificialmente su valor y expulsando a quienes ya no pueden pagarlo.
En otras palabras: la gentrificación no es solo desplazamiento, es exclusión planificada. Es un fenómeno que ocurre cuando las autoridades —en lugar de proteger a sus ciudadanos— usan su fragilidad como modelo de negocio.
Un estudio publicado en 2025 por el Brazilian Journal of Development señala que esta transformación urbana suele darse mediante “renovación de infraestructura, embellecimiento del entorno y reconfiguración del uso del suelo”, sin protección para las comunidades originales. El resultado es claro: desigualdad, despojo y ruptura del tejido social.
En la Ciudad de México, este proceso ha sido no solo tolerado, sino activado desde el gobierno. Se anuncian ciclovías, parques, mejor iluminación, “revitalización” del espacio público… pero no para quienes han vivido ahí por generaciones, sino para facilitar la entrada de nuevos habitantes con mayor capacidad económica y para disparar el valor de la renta a niveles inalcanzables.
Y mientras se despliega esta fachada progresista, los operadores políticos de Morena compran predios, construyen edificios y rentan departamentos a precios exorbitantes gracias a los convenios oficiales con plataformas como Airbnb y la liberalización del uso de suelo.
No es que el Estado haya sido rebasado por el mercado. Es que el Estado ES el mercado.
Una clase política que vive del despojo
Los funcionarios del actual régimen no solo permiten la gentrificación: la encabezan. No la regulan, la promueven. No protegen a los ciudadanos: los utilizan. La miseria no es un daño colateral del modelo, es el combustible del negocio.
Por eso, los programas “contra la gentrificación” anunciados por la jefa de Gobierno entrante no son más que simulación. Llegan tarde, son insuficientes y carecen de voluntad real. Se limitan a administrar el daño, mientras sus propios aliados políticos ya ganaron con ese despojo.
Y conviene aclarar algo que muchos ciudadanos aún desconocen: en la Ciudad de México, los únicos facultados para autorizar cambios de uso de suelo y permisos de construcción son el Gobierno central de la ciudad —la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)— y el Congreso local. Las alcaldías no tienen competencia legal para autorizar construcciones ni otorgar permisos de desarrollo inmobiliario. Cualquier irregularidad, abuso o “transformación urbana” ocurre con conocimiento, complicidad o acción directa del gobierno central.
Gentrificación: el nuevo rostro del saqueo institucional
Llamar “gentrificación” a lo que ocurre en la Ciudad de México es quedarse corto. No es solo un fenómeno urbano: es el rostro urbano del crimen político institucionalizado.
Es un modelo de expolio social donde los de arriba se enriquecen con lo poco que les queda a los de abajo.
Hoy, la ciudad no se moderniza: se reparte entre los que mandan.
La vivienda ya no es un derecho: es un botín.
Y en esta batalla por el suelo, el gobierno de Morena no está del lado del pueblo… está del lado del negocio.
Fuentes:
1. Silver, H. (2020). Gentrification. Oxford Research Encyclopedia of Social Work.
https://oxfordre.com/…/acrefore-9780199975839-e-1413
2. Freitas, L.A., Oliveira, M.E., Silva, J.R. (2025). Sociological Perspectives on Urban Gentrification and Its Societal Implications. Brazilian Journal of Development, Vol. 11, No. 3. https://www.researchgate.net/publication/377313607
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