Morena concluyó la designación de sus candidatos a las gubernaturas de los 17 estados que tendrán elecciones en 2027. Por más que les llamen “coordinadores de la defensa de la soberanía”, la realidad es que todos sabemos que la elección ya empezó. Fieles a su costumbre, los morenistas violan las normas electorales y, evidentemente, utilizan en prácticamente todos los casos las estructuras de los gobiernos federal y estatales.
Por más que quieran plantear que fue “el pueblo” quien los eligió, la realidad es que las encuestas no son ni nunca han sido un método democrático. Son, en realidad, un mecanismo manipulable que incluye negociaciones y reparto de posiciones entre los grupos internos. Así lo confirma la presentación de resultados que hizo la presidenta del partido oficialista, Ariadna Montiel, luego de entregar las constancias a los elegidos.
Es evidente que el PVEM recibió los mayores dividendos. El partido que en la práctica lideran Jorge Emilio González y Manuel Velasco —aunque oficialmente lo dirija Karen Castrejón Trujillo— lleva décadas cobrando sus ganancias electorales a quienes ocupan la Presidencia de México. A Quintana Roo, con Gino Segura, y San Luis Potosí, con Ruth González Silva, se sumarían en 2027 Nayarit, con Jasmine Bugarín Rodríguez, y Baja California Sur, con Manuel Alejandro Cota Cárdenas. De ganar, esos cuatro estados llevarían al partido a gobernar cinco entidades, incluida Chiapas, que renovó su gobierno estatal en 2024 con Eduardo Ramírez Aguilar. Algunos usan las siglas de Morena, pero la opinión pública sabe a qué intereses obedecen esos grupos.
Por otro lado, resulta paradójico que algunos grupos al interior de Morena se digan “indignados” por la designación de actores que construyeron sus carreras políticas en el PRI y el PAN, cuando el origen de Morena no puede explicarse sin la migración de personajes procedentes de esos partidos. Basta revisar las bancadas en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, donde predominan los conversos políticos que, con su llegada al partido oficialista, terminan “purificándose” para dar paso a la tan anhelada impunidad que se ha vuelto costumbre en el país.
Tan solo en 2021, personajes que militaron en el PRI —o cuyos padres y abuelos también lo hicieron—, como Alfonso Durazo, Layda Sansores, Lorena Cuéllar, Miguel Ángel Navarro, David Monreal, Rubén Rocha Moya e Indira Vizcaíno, ocuparon las primeras magistraturas de sus estados. Tampoco faltaron los militantes conversos del PRD, como Víctor Manuel Castro, Evelyn Salgado y Alfredo Ramírez Bedolla.
Quizá esta mirada rápida a quienes han ocupado las gubernaturas de los estados no explique por sí sola por qué las cosas en México no cambian, pero sí ofrece una pista: los nombres y los colores se renuevan; las prácticas permanecen.
Se equivocan quienes piensan que Morena apenas llegó al gobierno; en realidad, sus integrantes nunca se han ido. Son los personajes privilegiados de las familias de siempre, que han mutado de color, pero no han abandonado las prácticas que tanto daño le han hecho a México. Y no, no se desdeñan las trayectorias de quienes hacen política; lo que se cuestiona son las formas, las incongruencias y la facilidad con la que se acomodan a distintas ideologías según el momento. Son de derecha cuando así les conviene; son de izquierda cuando lo necesitan, cuando su única identidad es mantenerse en el poder.
Morena ha encarecido los procesos electorales de manera indignante, no solo por los recursos destinados a promover a sus candidatos, sino porque la política electoral ha suplantado a la política pública. Se sustituyen calles pavimentadas por pautas en redes sociales; drenajes, por convenios con medios alternativos; inversión en salud y educación, por pagos a asesores y formación de estructuras. Estas se integran con funcionarios a quienes se exige convencer electores, mientras descuidan las tareas que la ley les asigna. ¿El resultado? Ya lo vemos en cada municipio, hospital, escuela, centro de trabajo y en el bolsillo de los mexicanos.
Por ello, espero que los partidos opositores, frente a las definiciones del oficialismo, sean capaces de presentar mejores alternativas para los mexicanos. En principio, estoy segura de que en Aguascalientes y Querétaro los buenos gobiernos permitirán la continuidad de la política pública. También estoy convencida de que en Sonora, Zacatecas, Michoacán y Chihuahua se abre una oportunidad a partir de los buenos resultados de los gobiernos municipales en curso de Toño Astiazarán, Miguel Varela, Alfonso Martínez y Marco Bonilla, así como los resultados probados en Baja California Sur de Pancho Pelayo. Ojalá a todos ellos, se les brinde el respaldo institucional que amerita un momento en el que la permanencia de Morena en el gobierno sí representa un peligro para México.
