La noción de que el servicio público, inherente a la administración de los bienes y destinos de la comunidad, se ha desvirtuado hasta ser percibido como un patrimonio personal, constituye una de las distorsiones más corrosivas en el entramado político de México. Esta percepción, arraigada y perpetuada, ofrece una lente clara para comprender la recurrencia de actitudes que lindan con el abuso de poder y el desvío de recursos para beneficio propio, cimentando así los cimientos de la corrupción.
En el corazón de este fenómeno subyace una particular deformación de la lealtad partidista. Militantes y cuadros de partido, imbuidos de la mística del «servicio», a menudo transitan hacia una mentalidad que evoca las cortes nobiliarias de antaño. En este escenario, el cargo público no se concibe como una responsabilidad temporal y delegada por el electorado, sino como una prebenda inherente a la pertenencia a una facción, un «derecho» adquirido por militancia o cercanía al poder. La meritocracia, pilar de la eficiencia administrativa, cede su lugar a la cooptación y el padrinazgo.
Esta dinámica se intensifica con la instauración de «dinastías políticas». Familias enteras, clanes o grupos de interés consolidan su influencia en determinadas regiones o sectores, transmitiendo de generación en generación no solo su capital político, sino también el control sobre puestos clave. La alternancia democrática, concebida como un mecanismo de renovación y rendición de cuentas, se ve comprometida cuando los apellidos, más que las capacidades o el historial de servicio, se convierten en la divisa para acceder al poder. Esta herencia del cargo público, aunque no consanguínea en todos los casos, replica el modelo de sucesión de las monarquías, donde el linaje prevalece sobre la idoneidad.
El nepotismo, por su parte, emerge como el corolario natural de esta concepción patrimonialista. La inclusión de familiares y allegados en la nómina pública, a menudo en puestos para los que carecen de la cualificación necesaria, no solo denota un conflicto de interés flagrante, sino que también degrada la calidad de la administración y dilapida los recursos públicos. La justificación de estas prácticas suele enmascararse en la «confianza» o la «lealtad», eufemismos para una red clientelar que asegura la perpetuación del control y el beneficio mutuo.
La reflexión crítica sobre estas prácticas es impostergable. La sociedad debe interpelar a sus representantes sobre la naturaleza de su compromiso: ¿es el servicio público una plataforma para el ascenso personal y familiar, o una genuina vocación de transformación y progreso colectivo? La disyuntiva entre el «patrimonio del cargo» y la «responsabilidad del cargo» define la senda hacia una gobernanza transparente y eficaz, o hacia la consolidación de un sistema endogámico propenso a la corrupción y la ineficacia.
