En las últimas décadas, México construyó un entramado institucional que si bien era imperfecto, permitió dar certidumbre y equilibrio al ejercicio del poder. Sin embargo, en los últimos años, esa arquitectura se ha debilitado deliberadamente. Bajo la promesa de “democratizar” o “modernizar” al Estado, el Gobierno ha desmantelado o neutralizado contrapesos esenciales, generando un vacío de reglas claras y de límites efectivos al poder.
Tres ejemplos de ello: 1) La iniciativa para reformar la Ley de Amparo que, si bien busca agilizar procesos judiciales, lo hace debilitando esta figura de defensa ciudadana frente a los abusos de autoridad. 2) La desaparición del INAI y la falta de acceso a datos públicos, limitan la rendición de cuentas y favorecen la opacidad. 3) La reforma electoral amenaza con concentrar el control político en un solo actor, marginando la pluralidad que costó décadas construir.
Las consecuencias de esta concentración de poder ya se reflejan en el Presupuesto de Egresos 2026, donde se observan decisiones unilaterales que reducen márgenes para salud, seguridad, e inversión productiva y mantienen una dependencia fiscal de Pemex. La aparente expansión del gasto oculta una creciente desigualdad y un mayor riesgo de discrecionalidad en los recursos.
No se trata de volver al pasado, sino de construir una democracia legítima con base en evidencia, transparencia y equilibrio. México necesita instituciones que limiten el poder, no que lo concentren.
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