México enfrenta un desafío estructural que mina los cimientos de su seguridad pública y su sistema de procuración de justicia: los delitos sin denunciar, un fenómeno conocido como «cifra negra». Este problema, que refleja la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y la ineficacia de las instituciones, tiene implicaciones profundas en la lucha contra la delincuencia y en la garantía de un Estado de Derecho sólido. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mostrar avances en la reducción de ciertos delitos, la realidad es que la mayoría de los crímenes permanecen en la sombra, perpetuando un ciclo de impunidad que afecta a millones de mexicanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se estima que se cometieron 31.3 millones de delitos en el país. Sin embargo, solo el 10.4% de estos fueron denunciados ante las autoridades. Esto significa que más de 28 millones de ilícitos quedaron sin registro oficial, una cifra alarmante que posiciona a México entre los países con los niveles más altos de subregistro delictivo en el mundo. Fraudes, robos, extorsiones y agresiones de todo tipo ocurren a diario, pero las víctimas optan por el silencio en lugar de buscar justicia.
¿Por qué los mexicanos no denuncian? Las razones son múltiples y están profundamente arraigadas en la experiencia cotidiana. La principal es la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Según la ENVIPE, solo el 10.3% de la población tiene «mucha confianza» en el Ministerio Público, mientras que el tiempo promedio de espera para presentar una denuncia es de 135 minutos, un trámite que muchas veces termina en la indiferencia o la inacción. A esto se suma el temor a represalias por parte de los delincuentes, la percepción de corrupción entre policías y agentes ministeriales, y la sensación de que el esfuerzo no vale la pena porque los casos rara vez se resuelven. En 2023, la probabilidad de que un delito denunciado fuera esclarecido fue de apenas el 1.2%, un dato que desincentiva aún más a las víctimas.
Este subregistro tiene un impacto directo en la seguridad pública. Sin denuncias, las autoridades carecen de información precisa sobre la magnitud y la naturaleza de la delincuencia, lo que dificulta la elaboración de estrategias efectivas para combatirla. Por ejemplo, mientras el gobierno federal presume reducciones en delitos como el homicidio doloso, organizaciones civiles como Impunidad Cero y México Evalúa advierten que estas estadísticas pueden ser engañosas, ya que no reflejan la realidad de millones de crímenes no reportados. La extorsión, uno de los delitos más frecuentes con un estimado de 4.9 millones de casos en 2021 según la ENVIPE, es un claro ejemplo: muchas víctimas prefieren pagar a los criminales antes que arriesgarse a una denuncia que podría exponerlas a mayores peligros.
La falta de denuncias también afecta la procuración de justicia, el primer eslabón en el sistema penal mexicano. Las fiscalías y procuradurías, ya de por sí saturadas y con recursos limitados, operan con base en una fracción mínima de los delitos que realmente ocurren. Esto genera un cuello de botella que perpetúa la impunidad: si solo el 10% de los crímenes llega a las autoridades y de ese porcentaje menos del 2% se resuelve, el mensaje para los delincuentes es claro: en México, el crimen paga. Esta situación se agrava por la escasez de personal capacitado y la falta de coordinación entre las policías municipales, estatales y federales, así como entre estas y las fiscalías. Aunque el marco legal obliga a las fuerzas de seguridad a recibir denuncias y apoyar a las víctimas, en la práctica muchas no cumplen con esta responsabilidad, dejando a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad.
El impacto trasciende las estadísticas y se siente en la vida diaria. En estados como el Estado de México, Aguascalientes y la Ciudad de México, donde las tasas de delitos por cada 100,000 habitantes superan los 32,000 según el INEGI, la percepción de inseguridad es abrumadora. En 2018, el 79.4% de los mexicanos consideraba su estado inseguro, una cifra que, aunque ha disminuido en algunos lugares gracias a esfuerzos locales, sigue siendo alta. En Tabasco, el Estado de México y Zacatecas, más del 89% de los habitantes se sienten vulnerables, mientras que incluso en estados «más seguros» como Yucatán, el 32.5% comparte esta sensación. Esta percepción no solo refleja la incidencia delictiva, sino también la certeza de que, ante un crimen, las posibilidades de obtener justicia son mínimas.
Organizaciones como Impunidad Cero han destacado que la impunidad estructural en México no es solo un problema de recursos, sino de voluntad política y diseño institucional. La militarización de la seguridad pública, impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado el control territorial sobre la investigación criminal, dejando a las fiscalías sin el apoyo necesario para esclarecer casos. Mientras tanto, iniciativas como la Guardia Nacional, aunque pensadas como una solución, han replicado los problemas de un enfoque reactivo en lugar de preventivo o investigativo.
¿Qué se puede hacer? Expertos coinciden en que el primer paso es fortalecer la confianza ciudadana. Esto implica agilizar los procesos de denuncia, garantizar la protección de las víctimas y sancionar la corrupción dentro de las instituciones. La creación de unidades especializadas en investigación dentro de las policías, como propone el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, podría ser una herramienta clave, siempre que se acompañe de capacitación y recursos adecuados. Asimismo, campañas de sensibilización que informen a la población sobre cómo y dónde denunciar, como las impulsadas por Impunidad Cero con su plataforma denuncia.org, son un esfuerzo valioso para reducir la cifra negra.
En conclusión, los delitos sin denunciar son un cáncer silencioso que debilita la seguridad pública y la procuración de justicia en México. Mientras el silencio prevalezca, los criminales seguirán operando con impunidad y las víctimas quedarán desprotegidas. Romper este ciclo requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil y ciudadanos, porque solo con datos reales y una justicia efectiva se podrá construir un país más seguro. Hoy, la cifra negra no es solo un número: es el reflejo de un sistema que debe transformarse para cumplir su promesa básica de proteger a quienes habitan este país.
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