La muerte de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, a manos de agentes de ICE en Minneapolis el 24 de enero de 2026, ha intensificado las tensiones entre autoridades federales y locales, en medio de una operación de inmigración masiva bajo la segunda administración de Donald Trump. Pretti, un enfermero de cuidados intensivos en el hospital de Veteranos de Minneapolis, fue baleado múltiples veces durante un incidente capturado en video, que muestra a agentes rociándolo con pimienta, derribándolo y disparando al menos diez veces mientras yacía en el suelo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Pretti, armado con una pistola legal y dos cargadores, se acercó a los agentes con intenciones violentas, justificando el uso de fuerza letal para prevenir una posible «masacre». Sin embargo, análisis de videos por medios como The New York Times indican que Pretti portaba un teléfono celular al momento del tackleo, no un arma, y que no representaba una amenaza inmediata.
El contexto se enmarca en la «Operation Metro Surge», una iniciativa federal para deportaciones masivas, inspirada en políticas de endurecimiento migratorio promovidas por asesores como Stephen Miller, quien ha calificado a Pretti como un «terrorista doméstico» que intentó asesinar a agentes, sin evidencia pública que lo respalde. Críticos federales, incluyendo al vicepresidente JD Vance y la fiscal general Pam Bondi, atribuyen el incidente a la falta de cooperación de Minnesota como estado santuario, argumentando que tales políticas incitan la violencia contra agentes. En contraste, autoridades locales como el gobernador Tim Walz han denunciado el tiroteo como «repugnante» y parte de una «ocupación federal» que genera caos, exigiendo el fin inmediato de la operación y una investigación estatal independiente. Senadores demócratas como Amy Klobuchar y Tina Smith, junto con representantes como Ilhan Omar, lo han calificado de «ejecución», destacando el patrón de violencia en operaciones similares.
Testigos y colegas describen a Pretti como un profesional compasivo sin historial violento, quien protestaba contra acciones de ICE previas, como el tiroteo de Renée Good semanas antes. La escena generó protestas inmediatas, con más de 100 personas congregadas, lo que llevó a enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno y la activación de la Guardia Nacional por Walz. Un elemento controvertido es el bloqueo por parte del DHS al acceso de investigadores locales a la escena, pese a una orden judicial, lo que ha avivado acusaciones de obstrucción y falta de responsabilidad.
Desde el bando afin a Trump, el incidente resalta la necesidad de respaldar a agentes en entornos hostiles, con el Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza argumentando que la retórica anti-ICE fomenta ataques. Progresistas, por otro lado, lo ven como evidencia de tácticas excesivas y sesgos raciales en políticas migratorias, cuestionando si el porte legal de armas justifica respuestas letales en protestas. La polémica se centra en si estas operaciones priorizan la seguridad nacional o perpetúan abusos, especialmente ante videos que contradicen narrativas oficiales, invitando a debates sobre derechos civiles, Segunda Enmienda y el rol de fuerzas federales en ciudades. Investigaciones pendientes, incluyendo por el FBI, podrían esclarecer discrepancias, pero el caso ya polariza el discourse nacional sobre inmigración y aplicación de la ley.
This is shit is making hitler look up and smile to know he’s still got browshirts on the ground. #ICEGESTAPO pic.twitter.com/WvqXnaRtnp
— Adam (Certified Cajun Brit) (@BritCajun80) January 25, 2026
