La nueva administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, acumula ya más de 30 mil homicidios en sus primeros 424 días de gobierno, lo que se traduce en un promedio diario de 71 asesinatos. Estas cifras, que colocan a la actual gestión en el centro del debate sobre seguridad, se desprenden del informe «Homicidios en México: Cifras Diarias e Históricas» elaborado por la consultora TResearch. A pesar del alto acumulado inicial de víctimas de homicidio doloso, el análisis revela un significativo descenso de la violencia durante el año 2025, con una notable reducción del 30% en el número de casos registrados de enero a noviembre.
El dato más reciente, con corte al 29 de noviembre de 2025, señala que en la jornada previa se contabilizaron 42 homicidios. No obstante, el promedio sostenido de 71 homicidios diarios que registra este sexenio iguala la media observada en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien finalizó su mandato con un acumulado de 156,066 víctimas. Este nivel de violencia contrasta dramáticamente con la escalada registrada bajo el gobierno anterior, de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que alcanzó un promedio de 95 homicidios por día, cerrando con un total histórico de 202 mil 336 víctimas a lo largo de su sexenio.
Para poner en perspectiva la crisis de seguridad a largo plazo, el informe de TResearch muestra cómo la violencia homicida ha escalado de manera ininterrumpida desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), que promedió 55 asesinatos diarios. Si bien la administración actual hereda una tendencia de violencia alta, los 30,021 homicidios en los primeros 14 meses y medio de gobierno son una cifra que obliga a la cautela. La urgencia de pacificar al país es evidente ante la magnitud de las vidas perdidas.
El verdadero foco de la esperanza oficial en materia de seguridad se concentra en la tendencia a la baja registrada a lo largo del año 2025. El acumulado de homicidios dolosos de enero a noviembre de 2025 es de 21,352, lo que representa una caída de 9,050 casos respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 30,402. Esta diferencia se traduce en una notable reducción del 30% en las víctimas, un porcentaje que, de mantenerse, podría significar un cambio de trayectoria en la política de seguridad nacional. La media diaria de asesinatos también experimentó una baja sustancial, pasando de 92 casos en el periodo enero-noviembre de 2024 a 65 casos en el mismo lapso de 2025.
Al analizar la geografía de la violencia en lo que va del nuevo sexenio (2024-2030), la concentración del delito se mantiene en focos rojos tradicionales. Los tres estados con el mayor número de homicidios acumulados son, por mucho, Guanajuato (3,456), el Estado de México (2,362) y Chihuahua (2,150). Estas entidades se encuentran en la cima de la lista, reflejando desafíos persistentes para las autoridades locales y federales en el control de la criminalidad organizada y los conflictos entre grupos delictivos.
En el extremo opuesto, el informe destaca a los estados que han logrado mantener los índices de violencia al mínimo, demostrando que la pacificación del país es posible con estrategias regionales efectivas. Yucatán, con solo 45 homicidios acumulados, Durango, con 79, y Coahuila, con 110, se posicionan como los territorios más seguros del país en los primeros meses de la nueva administración. Este contraste subraya la profunda disparidad de la crisis de seguridad a nivel nacional, donde el éxito en una región coexiste con la tragedia en otra.
La administración enfrenta el reto de consolidar esta tendencia a la baja observada en el promedio diario de 65 víctimas en 2025 y de alejarse de la media sexenal de 71. No obstante, con un total que ya supera las 30 mil vidas perdidas, la promesa de pacificar el país sigue siendo la asignatura pendiente más urgente para la clase política mexicana. La ciudadanía y la opinión pública están a la espera de ver si el marcado descenso en la tasa de homicidios en 2025 se convierte en una tendencia permanente. La continuidad de esta reducción será la vara con la que se medirá el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno.
