La reciente operación militar contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado interrogantes sobre la efectividad de las autoridades federales en el aseguramiento de sitios clave. Días después del operativo en una cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco, reporteros accedieron al lugar y descubrieron evidencia que, según críticos, revela posibles fallas en el procedimiento. Entre los hallazgos destacan dos fotografías de jóvenes mujeres encontradas por la periodista Katarina Szulc en las cenizas de una parrilla exterior, y una serie de documentos contables, conocidos como «narconómina», localizados por otros comunicadores. Estos elementos sugieren que el sitio no fue resguardado de manera exhaustiva por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano, pese a su participación en la acción.
Los hechos se remontan al operativo del Ejército que resultó en la muerte de El Mencho a finales de febrero de 2026. La cabaña, descrita como un refugio de lujo en el complejo Las Lomas, fue escenario de un enfrentamiento armado. Sin embargo, periodistas como Szulc, al visitar el lugar poco después, reportaron el descubrimiento de las fotografías quemadas parcialmente, lo que ha alimentado especulaciones sobre el contenido y su relevancia en investigaciones sobre redes de trata o vínculos personales del capo. De igual forma, la «narconómina» —documentos manuscritos y digitales detallando pagos semanales a sicarios, halcones, policías municipales y presuntos funcionarios— fue revelada por El Universal, indicando gastos millonarios del CJNG en sobornos y operaciones en regiones como Jalisco y Chiapas. Estos registros, que incluyen ingresos netos superiores a 900 mil pesos en comunidades locales, exponen una contabilidad interna meticulosa del cártel.
Desde una perspectiva crítica, estos descubrimientos invitan a polémica al cuestionar la responsabilidad de las instituciones. Por un lado, detractores argumentan que la presencia de reporteros en el sitio evidencia una negligencia grave: si la FGR y el Ejército no sellaron adecuadamente la propiedad, podría haberse perdido o contaminado evidencia crucial para procesar a redes criminales asociadas. Esta postura resalta posibles brechas en protocolos de seguridad, sugiriendo ineficiencia o incluso complicidad, ya que los documentos implican pagos a corporaciones policiales, lo que podría extenderse a niveles federales. Críticos como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, han exigido investigaciones exhaustivas para determinar la autenticidad y perseguir a involucrados, enfatizando que «caiga quien caiga».
Por otro lado, defensores de las autoridades sostienen que el acceso periodístico no necesariamente implica fallas estructurales. Podría tratarse de una liberación controlada del sitio tras revisiones iniciales, o de que los hallazgos ocurrieron en áreas periféricas no priorizadas. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha afirmado que la FGR verificará la veracidad de los documentos y abrirá carpetas si procede, destacando que operativos contra cárteles como el CJNG son complejos y requieren tiempo para procesar evidencia. Esta visión minimiza la controversia, argumentando que la transparencia derivada de estos revelaciones fortalece la lucha contra el crimen organizado al exponer sus finanzas.
Analíticamente, el caso subraya tensiones en la estrategia de seguridad mexicana: mientras el abatimiento de El Mencho representa un golpe al CJNG, los hallazgos periodísticos generan desconfianza pública en la integridad de las operaciones. Esto podría erosionar la credibilidad institucional, fomentando narrativas de impunidad. Sin embargo, también ofrece oportunidades para reformas, como protocolos más estrictos de aseguramiento y mayor colaboración interinstitucional. En última instancia, la polémica resalta la necesidad de equilibrar la rapidez operativa con la meticulosidad investigativa, sin que ello derive en sesgos que favorezcan a un bando político.
