Desde Palacio Nacional, el discurso es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno con datos abiertos y transparencia, pero la administración federal acumula casi 8 meses sin publicar los datos abiertos de la vacunación contra COVID-19, algo que han exigido especialistas y ciudadanos, para poder analizar el avance o fallas de esa tarea en el país.
De acuerdo a especialistas, lo que existe del tema actualmente son comunicados en formato PDF con imágenes y gráficos, que no pueden ser procesados. Esos formatos no son considerados, según estándares de transparencia, como datos abiertos.
Los datos abiertos son aquellos que son accesibles en internet y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona. De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, estos datos deben ser gratuitos, integrales, accesibles y oportunos. Por medio de ellos, es posible democratizar información necesaria para que organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía puedan verificar y escrutar las acciones de los gobiernos, así como realizar intervenciones, evaluaciones y propuestas de política pública con base en evidencia. En otras palabras, los datos abiertos son un mecanismo esencial tanto para detectar y documentar malas prácticas en el sector público, como para generar y proponer alternativas desde espacios no gubernamentales.
Aún así, Morena presumió el pasado 17 de agosto en su cuenta de Twitter que “la 4T es un gobierno con datos abiertos y transparencia en la información”, lo que es engañoso.
La importancia de contar con verdaderos datos abiertos de vacunación en México podría ayudar en distintos aspectos. Esta información serviría como insumo para alimentar modelos matemáticos-epidemiológicos, los cuales contribuyen a generar evidencia sobre la evolución de la pandemia bajo distintas estrategias de vacunación, incluidas la que se desarrolla actualmente.
